Rodrigo Jiménez, Fundación Justicia y Género


Los cambios de patrones culturales y la confianza en el sistema de justicia son dos elementos, que a juicio del representante de la Fundación Justicia y Género, son vitales para que las normativas para evitar la violencia contra la mujer se implementen en el país. Elogia las normativas existentes como “de avanzada”, en la región, sin embargo, señala que el país es uno de los que tiene las tasas más elevadas en violencia contra la mujer. La fundación ha trabajado en la creación de políticas para eliminar la violencia contra la mujer, al interior del Ministerio Público y el Órgano Judicial, pero dice que tenerlas no significa que sus aplicadores no sean machistas, como el caso de los jueces o juezas.

¿Cuál es la situación de la violencia en contra de la mujer en América Latina?
Las sociedades latinoamericanas son sociedades misóginas, que generan y naturalizan mucha violencia contra la mujer; eso nos lo vamos a encontrar dentro de los patrones culturales que tiene América Latina, pero que se da en casi todos los lugares del mundo. Hay sociedades que son más violentas, aquellas sociedades donde la cultura de paz no está bien arraigada o han tenido conflictos armados, historias muy violentas como es el caso del Triángulo Norte; entonces, Honduras, El Salvador y Guatemala tienen los índices más altos de violencia contra la mujer y de feminicidios y homicidios, esto podría responder a que se naturaliza muchísimo la violencia, porque han tenido conflicto armado, tienen organizado y una serie de acciones donde la violencia se naturaliza y entre más naturalizada esté la violencia, más violencia va a haber contra la mujer.

¿Qué evaluación hace de la violencia en contra de la mujer en el país?
Las instituciones y especialmente las mujeres han hecho esfuerzos importantes, tanto las mujeres que están en espacios de poder, como las mujeres que están en sociedad civil; cuando empezás a revisar las leyes que existen en este país, son leyes de última generación para la región como la Ley de Igualdad y Equidad y no Discriminación para la Mujer o la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para la Mujer, esas leyes son leyes de última generación ¿qué quiero decir? Lo que contienen es de más avanzada en toda la región. También se han hecho esfuerzos de crear los juzgados especializados de violencia contra la mujer, curiosamente, Guatemala y El Salvador son los que tienen esos tipos de juzgados, pero todavía falta muchísimo por trabajar, porque las leyes las tenés que implementar y todavía no se ha logrado la implementación, tal vez son muy recientes, pero requieren de una voluntad política y esa voluntad política, también está captada por un sistema patriarcal, que violenta a las mujeres, que están en una esfera de poder y a las mujeres en general. Se hace un avance en lo formal, pero en lo real estamos cortos de llegar a los objetivos esperados.

¿Qué tiene que hacer el Estado para implementar las normativas?
El Estado y especialmente en la fundación (Justicia y Género) hemos trabajado muchísimo en la implementación de las políticas de igualdad y políticas públicas; el poder judicial ya tiene una política de igualdad, la Procuraduría General de la República tiene una política de igualdad, la Fiscalía General de la República tiene una política de persecución penal, se han ido implementando políticas públicas y llevan su plan operativo, su plan estratégico, que se ligan a los planes institucionales; una vez que tengamos esos planes institucionales, hay una obligación de la institución de incorporarlos en los planes operativos anuales y darle contenido presupuestario y la Corte de Cuentas tiene que darle cumplimiento a estas políticas. Los cambios son muy lentos, pero podemos decir que la mayoría de instituciones del sector justicia, tiene planes y están incorporando a su presupuesto. Y se está trabajando con la Asamblea Legislativa para que etiquete el presupuesto ¿qué significa un presupuesto etiquetado? Que se sepa cuánto de los recursos del Estado van a la prevención de la violencia.

¿Qué hay del Ejecutivo? Pregunto porque las víctimas de violencia acuden a la PNC, que es dependencia del Ejecutivo.
El Ejecutivo tiene al Isdemu que también ha hecho esfuerzos importantes, pero lo que tenemos que entender que todo está inmerso en un sistema patriarcal y en patrones culturales; entonces, que tengamos una política o un plan no significa que la mentalidad de quienes ejecutan ese plan no sigue siendo machista, y nos sigue generando violencia, entonces ese cambio en los patrones culturales es lento e implica mucha violencia para las mujeres que están peleando internamente para ese cambio. La Policía es una institución patriarcal, es una institución masculina, una institución donde la violencia contra la mujer es muy naturalizada; entonces si ustedes se dan cuenta cuánto es el porcentaje de hombres y mujeres en la policía, las mujeres es un porcentaje bajísimo en comparación a los hombres; los comportamientos son muy machistas en contra de las mujeres, pero también en contra de los hombres.

¿El trabajo de las autoridades de justicia en favor de la mujer ha avanzado, en estos años?
Al consultar las estadísticas del poder judicial reflejan la poca incidencia que han tenido los juzgados especializados, muy pocas sentencias, muy pocas condenatorias. Muchísimos expedientes, los juzgados especializados están saturados, hay un miedo que las compañeras que están en los juzgados se quemen por la gran carga de trabajo y eso responde al poco recurso y a la falta de una planificación mejor en la institucionalización de estos juzgados; el gran peligro que se puede dar es que se empiece a perder credibilidad en el sistema, que las mujeres víctimas que han estado acudiendo al sistema digan ¿para qué voy a acudir al sistema sino me está respondiendo porque no se ha otorgado el dinero necesario y dar la respuesta indicada?

¿Y el debido proceso se habrá estado cuidando?
En general, los derechos de las víctimas están muy invisibilizados, entonces la revictimización está muy presente y todavía no hay conciencia de parte de los operadores de justicia de evitar esta revictimización, el debido proceso está más centralizado en garantizarle el derecho al reo y no garantizarle el derecho a las víctimas, entonces son procesos muy largos, muy extensos y muy revictimizantes para estas mujeres.

¿Y hay alguna forma de reducir estos procesos?
Sí hay prácticas y recomendaciones tanto internacionales como nacionales en las mismas políticas. Se establecen líneas estratégicas para empezar a desarrollar esas prácticas que deben hacer. Uno de los grandes problemas son los abogados litigantes, que a veces dilatan o aprovechan el proceso, tomando en consideración el ciclo de la violencia para que las mujeres desistan del proceso y no haya pruebas en contra de sus agresores, en todo sentido, porque el impacto de la violencia no es solo judicial, es un impacto en el proyecto de vida, en diferentes aspectos, tanto psicológicos, emocionales, familiares, económicos y el Estado no tiene una preparación para hacer rederivaciones, para hacer una atención integral a las víctimas, entonces en muchos de esos procesos las víctimas desertan o no tienen ingresos económicos para seguir el proceso o el daño emocional es tan fuerte que no siguen, entonces hay mucho abandono estatal.

Cuando una mujer es víctima de violencia y quiere activar las instancias de seguridad, el sistema exige pruebas, aunque esta no las tenga y pone en duda su palabra ¿Por qué el sistema debe creer en las víctimas?
Muchísimas de estas formas de violencia se dan en el ámbito íntimo, donde solo está el agresor y la víctima, el problema es que por muchos años el derecho penal ha tenido el ‘in dubio pro reo’ que entre caso de duda en el proceso, se cree al imputado y no a la víctima; el movimiento de mujeres ha empezado a desarrollar el ‘in dubio pro victima’, viene a equipararse que se le cree tanto a la víctima como al imputado; entonces ¿el operador de justicia a quién tiene que creerle, a la víctima o al imputado? Se le debe creer a lo que esté más en consonancia de la lógica, de las pruebas indiciarias perimetrales, donde el juez puede llegar y determinar si lo que está diciendo la víctima es cierto. En este país es muy dificultoso, porque todavía no está arraigado este principio de ‘in dubio pro victima’ y si tampoco está arraigado el principio superior de la víctima, que en todo el proceso tienen que tomar en cuenta a la víctima para no dañarla, todavía estamos en el proceso de interpretación y aplicación correcta de las leyes, que los jueces y juezas, fiscales y procuraduría, todavía falta muchísimo para no revictimizar.

¿Y la sociedad por qué tiene que creerle a las víctimas?
Lo que tenemos que tener claro es que la víctima y el victimario tienen versiones totalmente diferentes, por eso no podemos darle jerarquía al uno sobre el otro. Uno de los problemas que tenemos es que también la sociedad no entiende que generalmente las víctimas sufren de estrés pos traumático, entonces la narración de modo-tiempo y lugar no necesariamente es la narración lógica, entonces porque no son necesariamente lógicas se cree que están mintiendo, pero no está mintiendo, porque lo que está sufriendo es un estrés pos traumático, donde a veces confunde el tiempo o el lugar; entonces ve la complejidad, por eso no se le va a creer, sino que se le cree al agresor que tiene una narración coherente y generalmente el agresor siempre tiene narraciones muy coherentes.


¿Cómo lograr que las víctimas de cualquier tipo de violencia hablen, denuncien, cómo hacer que rompan el miedo?
Primero, hay una presión social para que la víctima no hable. Dentro de su familia, dentro de la religión, dentro de su entorno, porque a las mujeres se les ha vendido que el matrimonio es el proyecto de vida o el tener una pareja es un proyecto de vida, entonces es casi como destruir su proyecto de vida y cuesta que hablen. Por otro lado, hay un elemento emocional, donde las mujeres no hablan por estar en un ciclo de la violencia, partir de que es el hombre que aman; tantas mujeres que dicen que va a cambiar y no cambia. Luego, hay dependencias económicas muy fuertes; no hablan porque van a perder el sustento económico, el cómo le van a dar de comer a sus hijos y el otro es la falta de credibilidad en el sistema ¿qué van a hacer hablando si el sistema no le va a dar una respuesta indicada? Y cuando hablo de sistema, no solo del judicial, estoy hablando de un sistema de una red de apoyo ¿qué va a hacer una mujer que no tiene trabajo y que depende económicamente de su agresor? O ¿qué va a hacer una mujer que tiene su autoestima tan destrozada y no tiene una opción de ir a un especialista a reconstruir su proyecto de vida? Entonces, todas esas situaciones hacen que las mujeres callen y cuando hablen, el Estado tiene que darle una garantía, porque cuántas mujeres han muerto con medidas de protección.

¿Esas redes de apoyo, han hecho un buen papel?
La responsabilidad de las redes de apoyo es del Estado, la sociedad civil no debe asumir esa responsabilidad del Estado. El Estado tiene que garantizar educación, tiene que garantizar trabajo, un refugio cuando salen corriendo, todo eso es una responsabilidad estatal. Lo que sucede es que hay un desgobierno y no hay una responsabilidad estatal, entonces la sociedad civil empieza a asumir responsabilidades que no le corresponden, que son del Estado, entonces empiezan a crear refugios, y empiezan a crear redes de derivación para romper el ciclo, si el Estado no toma la responsabilidad será muy difícil cambiar.