El abogado Roberto Burgos, de Diario El Mundo, solicitó el listado de casos cuyo plazo de investigación prescribe el 31 de mayo de 2019.
Sin tomar en cuenta dos casos depurados por la CSJ –la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar y del exministro de Seguridad, René Figueroa– el listado incluye ocho exministros, 14 exviceministros, 10 presidentes de instituciones, bancos estatales y autónomas, entre otras personas que ocuparon cargos hasta el 31 de mayo del año 2009. La mayoría perteneció al gabinete del expresidente de la República Antonio Saca.
El 31 de enero de 2019, con la votación de 11 magistrados de la actual Corte Plena, se aprobó que la Sección de Probidad investigará el patrimonio de los empleados y funcionarios públicos siempre que no hayan transcurrido 10 años después del cese en el cargo. Aunque la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos ya lo indicaba, la Sección de Probidad no tenía una instrucción expresa por parte de la Corte Plena.
Luego de esa sesión de Corte Plena, el 11 de febrero de 2019, los magistrados de la Comisión de Ética y Probidad, quienes tienen a su cargo la coordinación de las investigaciones de patrimonio, recibieron de Probidad un informe de los casos prescritos y de los procesos por prescribir.
De acuerdo al acta de trabajo, entregada también a Diario El Mundo, luego de recibir los informes sobre los casos prescritos los magistrados señalaron que “se trabajará con énfasis en los que están próximos a prescribir, de igual forma que los que tienen adenda”.
Probidad les reportó un total de 78 casos que prescriben en todo el año 2019, un total de 61 exfuncionarios no poseen nuevos cargos después del año 2009 y 17 que sí poseen cargos públicos. La Comisión acordó concentrarse en la investigación de estos 61 casos, tomando como criterio la antigüedad de los mismos.
Al 21 de marzo, Probidad informó que estaba realizando nueve auditorías de bienes.
La Comisión acordó que presentarán ciertas auditorías a la Corte Plena, pero que si “hay algún caso que prescribe para este año y que ya esté listo para conocimiento de Corte Plena se podrá elevar a su conocimiento”, alterando el orden antes establecido.
La Comisión, en sus actas, acuerda que la Sección de Probidad presentará cada uno de los casos aplicando un ajuste en el cual se investiga el patrimonio sustentado por el exfuncionario durante solo un año adicional después del periodo del cargo público, recordando que Corte Plena no indagará “más allá del periodo correspondiente cuando el investigado continúa como funcionario público en el siguiente periodo”.
