Las actividades informales son una fuente importante de empleo en la región latinoamericana, sobre todo en los países de renta media-baja como El Salvador. No obstante, investigadores de Propiedad Intelectual y Derecho de Competencia del instituto alemán Max Planck aseguran que el Gobierno debe aumentar sus incentivos a empresarios para lograr una regulación de este sector.
“Las prácticas empresariales anticompetitivas van desde las micro y pequeñas empresas, hasta la gran empresa. Hay una línea muy delgada entre ambas”, afirmó Mor Bokhum, investigador de Derecho de Competencia de Max Planck, institución alemana para la innovación y competencia.
Según Bakhoum, en los países en vías de desarrollo, como es el caso de El Salvador, el impacto de las empresas informales en la economía y la competencia “es mucho mayor y difícil de medir y sancionar”, por no estar inscritas en los registros ni pagar impuestos.
Prácticas anticompetitivas como cárteles, entendimientos ilegales y acuerdos horizontales son los más comunes en el sector informal, afectando sobretodo al consumidor final, “que compra más de este sector”, aseguró Bokhum.
“Lo que sabemos es que buena parte de la población, al no encontrar empleo en el sector formal, van a inclinarse por el sector informal y este es el ciclo que se debe romper”.
Para ello, aseguró, es necesario crear las condiciones para formalizar al empresario informal, que es también víctima de prácticas anticompetitivas por parte de grandes empresas. Esto se logra con mejores infraestructuras, servicios públicos, seguridad legal, empleos y mayor acceso a créditos. “En la medida que los emprendedores tengan acceso al crédito como sector formal, como micro y pequeña empresa, el informal se va a ir formalizando”, agregó.
Más oportunidades
El salvadoreño Francisco Beneke, investigador de Derecho de Competencia de Max Planck, coincidió con Bakhoum y planteó que la regulación de las entidades de competencia en El Salvador debería ir de la mano con mayores incentivos y oportunidades para empresarios.
Para Beneke, “El Salvador es un ejemplo claro de un país que tiene problemas estructurales para la inversión” por la incertidumbre de sus políticas públicas. “Cuando las reglas del juego cambian en forma sustancial más o menos seguido, eso crea un clima de incertidumbre y un clima de riesgo que influye en la decisión de una empresa de cuánto y si invertir en un mercado”, planteó.
Para cambiar este panorama “se necesitan reglas claras y estables” que atraigan la inversión, aseguró Beneke, y añadió que todas las regulaciones y políticas de competencia deben fomentar el desarrollo económico del país, que “no debe ser sólo medido en la solidez del sistema financiero, sino también en qué tan fácil es acceder a un crédito si usted tiene una idea de negocio rentable”.
Ambos expertos visitaron el país en noviembre pasado para participar en el seminario “Derecho de Competencia y Desarrollo Económico: ¿Una sola fórmula para todos?”, Que fue organizado por la Superintendencia de Competencia (SC).