Funcionarios del Ejecutivo solicitaron ayer reformas legales para facilitar la concesión del puerto de La Unión. / Óscar Machón
El Gobierno salvadoreño solicitó ayer reformas a la ley de concesión del Puerto de La Unión Centroamericana (PLU) para permitir que la administración de la terminal se entregue a un operador privado durante 50 años, 20 años más de lo establecido en la normativa vigente.
Después de más de dos años del intento fallido por concesionar el PLU, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la Ley de Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de la Unión Centroamericana.
Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación del plazo de la concesión. En la ley actual se establece que la terminal marítima se entregará a un administrador privado por 30 años prorrogables y las reformas pretenden que se amplíe a 50 años, también prorrogables.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, fue uno de los funcionarios que acompañó la entrega de la propuesta. El titular de la empresa pública que actualmente administra el puerto aseguró que la ampliación del plazo de concesión permitiría al operador invertir más en la terminal.
“Aquí no se establece un valor determinado, no se establece un monto inicial”, aseguró Vanegas, quien además explicó que a partir de la reforma se acordarán las bases en el contrato futuro “a través del diálogo competitivo con las empresas interesadas”.
La reforma elimina la obligación de invertir al menos $30 millones en el PLU y otros requisitos como la experiencia de manejar al menos 600,000 TEUS al año.
Las condiciones se definen en el contrato
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aseguró que las reformas buscan “flexibilizar todas las condiciones” para “encontrar un conjunto de inversionistas que apuesten por activar el puerto de La Unión”.
La ley vigente contiene varios lineamientos que deberá cumplir la concesión del PLU, y que en el paquete de reformas se ha eliminado, dejando la definición de estas condiciones en el contrato que se firmaría entre el Estado y la empresa que resulte ganadora en la licitación.
El contrato definiría quién dará mantenimiento al canal de acceso, que por la sedimentación en la zona donde se construyó el puerto requiere de constantes dragados. También en él se establecerá, y ya no en la ley, la contraprestación que debe pagar el concesionario a la CEPA.
Además, las reformas abren la posibilidad de que un operador presente una oferta para operar todo el puerto, o solo una o más áreas específicas.
También permitiría a CEPA realizar un concurso de proyectos integrales. Con esta modalidad, los ofertantes presentan propuestas de condiciones contractuales, técnicas y financieras, así como proyectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la terminal.
Vanegas aseguró que esta modalidad cambiará la visión con la que fue construida la infraestructura y la movilización de carga, para apostar también por el desarrollo pesquero, servicios portuarios, almacenamiento y distribución.
En 2015, el Gobierno lanzó una licitación internacional para concesionar el puerto, pero ninguna de las navieras que habían mostrado interés en la terminal presentaron una oferta. Desde entonces no se había definido una alternativa concreta para la terminal.
