La mitad de la población de El Salvador podría quedar en situación de pobreza por la crisis del nuevo coronavirus al existir un “enorme riesgo” de que más de 1.5 millones de salvadoreños sufran un fuerte deterioro de sus capacidades adquisitivas.
El informe entregado por la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) al Gobierno y otros actores económicos, sobre la propuesta para una reapertura de la actividad productiva, se plantea que existe un enorme riesgo de que más de 1.53 millones de salvadoreños caigan bajo el umbral de pobreza a raíz del endurecimiento de la crisis.
Antes del brote del COVID-19, se calculaban que 491,396 hogares se encontraban viviendo en pobreza en los cuales residían más de 2.05 millones de personas. El escenario que hoy se plantea es que 950,800 familias queden en esta situación.
Si esta proyección se cumple, la crisis dejaría en pobreza a más de 3.58 millones de salvadoreños. Esto es equivalente al 54 % de la población que vive en el país, y sería un 23 % adicional al 31 % que por hoy se reporta.
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La pobreza se clasifica en extrema y relativa, utilizando como parámetro el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) per cápita. En la pobreza extrema están los hogares cuyos ingresos no les permiten alcanzar la CBA y se considera que, antes de la crisis, había 486,701 personas en esta condición, pero por el choque de la pandemia podrían superar el millón de salvadoreños. Se sumarían al menos 521,667 personas.
En tanto, la pobreza relativa incluye a las familias que no pueden comprar la canasta básica ampliada (dos veces la CBA). En este segmento hay 1.56 millones de personas y el riesgo es que se sume más de un millón de salvadoreños, hasta llegar a 2.57 millones.
“Si bien las canastas alimenticias (que entrega el Gobierno) apoyan, no alcanzan para compensar la caída”, indicó Everardo Rivera, director general de la ESEN. La universidad estima que cada persona verá reducido sus ingresos diarios en $0.81 para la zona urbana y $0.53 para la región rural.
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La estimación de la ESEN supera las proyecciones planteadas en abril pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien prevé que unos 600,000 salvadoreños caigan en pobreza; sin embargo, advertía que el impacto podría variar si se aplicaba un esquema de transferencia monetaria que llegue a las personas seriamente afectadas por la crisis.
Entre las recomendaciones para reducir el impacto económico, indicó Rivera, está una verificación en la entrega de apoyo en zonas urbanas a partir del mapa de pobreza, así como reorientar recursos para la alimentación escolar para cubrir la emergencia y verificar la entrega de los insumos con el respaldo de Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).