El Salvador se enfrentó en 2020 a su peor crisis económica desde 1980 y se espera que recupere niveles prepandemia hasta 2022. /DEM
El sector empresarial y el mercado se encuentran a la expectativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para corregir la crisis fiscal de El Salvador. Sin embargo, para Central American Business Intelligence (CABI) no materializar este programa podría ser un freno para la recuperación económica.
En un foro organizado por la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Ricardo Rodríguez, de CABI, explicó hoy que un ancla a favor de la recuperación de la economía salvadoreña es el avance en la vacunación contra el covid-19, así como la nueva conformación de la Asamblea Legislativa cuya mayoría es a favor del presidente Nayib Bukele.
Para Rodríguez, con la nueva Asamblea, que toma posesión el 1 de mayo próximo, debería ser más fácil aprobar un programa fiscal con el FMI al ser una iniciativa del Gobierno central. Sin embargo, advierte que “si al final no se llega un acuerdo con el Fondo, o se llega a un acuerdo, pero en las puertas políticas locales no se alcanzan los acuerdos para cumplir lo que el Fondo solicita, creo que eso podría afectarles en el crecimiento económico”.
La semana pasada, a solicitud del Gobierno, una misión del FMI inició una revisión de la economía salvadoreña para establecer las negociaciones de un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) por hasta $1,300 millones. Este tipo de acuerdos se otorga a países que tienen graves problemas en su balanza de pagos y requiere de reformas estructurales profundas.
Un acuerdo similar busca Costa Rica, pero este país enfrenta dificultades para que su Asamblea Legislativa apruebe el programa de crédito con el FMI. Rodríguez señaló que esa no podría ser una barrera para El Salvador, aunque enfatizó que uno de los retos más importantes para la economía salvadoreña es solventar la crisis fiscal a través del programa con el Fondo.
Este acuerdo “será clave para los siguientes años”, sumó.
Una de las mayores preocupaciones de los economistas es el alto peso de la deuda pública en la economía salvadoreña que se disparó en 2020 debido a la crisis sanitaria y económica. El Ministerio de Hacienda reporta que la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) alcanzó los $21,651.9 millones el año pasado, y equivale al 85.8 % del PIB. Esto significó 15 puntos porcentuales de incremento contra el 69.9 % de 2019.
Un acuerdo con el Fondo significaría establecer una ruta para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, es decir, reducir el peso de la deuda, el déficit fiscal y aumentar los ingresos.
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