Junto a un llamado de urgencia a la Asamblea Legislativa para que “juegue” su rol y apruebe el paquete de medidas económicas por $1,000 millones para contrarrestar el golpe de la pandemia, la comisionada presidencial Carolina Recinos aseguró que si hay trabajadores desempleados “no va a ser responsabilidad del Gobierno” sino de los diputados.
El Gobierno presentó hace una semana un plan de reactivación económica por $1,000 millones, elaborado en conjunto con la empresa privada, que contemplan además de préstamos productivos un paquete de $140 millones para el subsidio del 50 % de la nómina mensual de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la negociación en la Asamblea Legislativa no ha avanzado.
“La importancia, la necesidad de decirle a la Asamblea Legislativa de que asuma responsablemente su papel porque el que hayan trabajadores desempleados no va a ser responsabilidad del Gobierno, es una responsabilidad exclusiva de no aprobar las medidas que traen consigo esa política de alivio, de ayuda económica”, indicó la comisionada.
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Las advertencias sobre desempleo se hacen sonar cada vez más en los análisis económicos. Esta semana, tanto la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) como el Universidad Francisco Gavidia (UFG) alertaron que la pandemia podría dejar a entre 80,000 y 110,000 salvadoreños en las filas del desempleo.
A más de un mes en cuarentena, los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa aseguran que no podrán soportar la crisis, conduciéndoles a quiebres y despidos. “Urgen que sean aprobadas las medidas (del paquete económico) para que los efectos del COVID-19 no vayan a dejar daños irreparables en el país”, sumó la comisionada.
Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, indicó por su lado que la próxima semana llevarán a la Asamblea Legislativa un proyecto del préstamo por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dentro de dos semanas se presentará otro crédito por $250 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ambos dentro del paquete de $2,000 millones de nueva deuda que le autorizó la Asamblea Legislativa al Ejecutivo para enfrentar la crisis.