Estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) proyectan una pérdida de entre 80,000 y 110,000 empleos durante 2020, el doble del desempleo que ocasionó la crisis financiera de 2009.
Pedro Argumedo, analista de Fusades, explicó que en 2009 la economía salvadoreña decreció -2.1 % y se perdieron 40,000 empleos formales. Si la proyección es que el impacto de la pandemia sea más profundo y la recesión provoque que el Producto Interno Bruto (PIB) cierre el año en -5.4 %, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado laboral también sufriría el doble del impactoen 2020.
“En términos prácticos podemos decir que el empleo va a caer en más del doble (...) En un escenario base, nuestro empleo se contraería entre 80,000 y 100,000 empleos formales”, indicó.
De acuerdo con el Análisis Socioeconómico COVID-19 elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Innovación de la UFG, en el peor escenario el número de despidos podría alcanzar los 110,000.
“No hemos visto en cuarenta años un problema de esta magnitud. Es un severo ajuste al empleo, ingreso y naturalmente esto se convertirá en un aumento muy importante de la pobreza”, dijo al respecto Argumedo.
En El Salvador hay más de tres millones de personas económicamente activas (PEA), de los cuales un 20 % de la fuerza laboral se encuentra en el sector formal y el resto se emplea en área informal. Es decir: “un millón de salvadoreños por hoy tienen complicado recibir ingresos”.
En su análisis, la UFG reflexiona en la necesidad de ser más efectivos en atender la doble curva que provoca la pandemia del COVID-19: la sanitaria y la económica.
Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología de la UFG, explicó que la extensión de la cuarentena por 15 días más tendrá un peso muy fuerte en la economía informal que ve como sin actividad tampoco tiene recursos y le es más difícil acomodarse a la cuarentena domiciliar.
Acuerdo público privado
Para Fusades, la crisis financiera de hace una década dejó de lección la necesidad de un acuerdo público privado para recuperar el mercado laboral porque en ese entonces “lo hicimos pésimamente mal”.
El tanque de pensamiento recordó que en septiembre de 2008 se reportaron saldos positivos en el mercado formal privado con 583,448 cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Comenzó a caer a partir de octubre de ese año hasta el segundo semestre de 2009 al llegar a 541,343 en diciembre, en ese período se perdieron 42,145 empleos y se recuperaron hasta tres años después.
“De allí viene la gran lección, que en ese período no hubo un acuerdo público privado para recuperar la crisis económica (…) Lo que no debería suceder ahora, ante un golpe que es el doble, volver a repetir lo mismo, que el Ejecutivo se pelee con el sector privado, la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Eso ya lo vivimos antes, sería un doble error repetirlo”, comentó Argumedo.
Claudio de Rosa, investigador asociado de la UFG, añadió sobre el reto que esto representa ya que en 2009 la recuperación del empleo perdido por el “crash” fue muy lenta.
La previsión de la Universidad también anticipa que esta situación agudizará las cifras de pobreza en el país, ya que junto con la pérdida de dinamismo económico y el desempleo se calcula un drástico recorte en el flujo de remesas familiares, importantes motores para la economía.
“Se estima que la pobreza aumentaría entre 4.5 y 5.5 puntos porcentuales, golpeando al 30 % de los hogares”, describe la investigación. La situación puede provocar que entre 100,000 y 110,000 familias caigan en la pobreza.
Hasta antes de 2014 la pobreza en El Salvador se medía únicamente con la base del ingresos, pero ahora el tema se representa de forma multidimensional, es decir, por su capacidad de cubrir alimentación y el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, entre otras variables como seguridad social y salud, los que se pueden .
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2018, en El Salvador, el 28.8 % de los hogares y 33.8 % de las personas vivían en condiciones de pobreza multidimensional. Es decir, más de 2.2 millones de personas.
De Rosa insistió que los datos son -por ahora- una tendencia, que esperan pueda revertirse en alguna medida con los planes de fomento. “Si ingresan los recursos que se están prestando -aunque es más deuda- ayudarán a mantener el consumo y ayudarán a seguir adelante como país”, puntualizó.