Esta semana se celebraron cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), una legislación que ha abierto muchas puertas en las usualmente cerradas entidades estatales, donde el secretismo y la discrecionalidad prevalecían.

Sin duda hay avances en el acceso a la información, pero queda mucho por hacer, aún hay un discurso de transparencia entre los funcionarios y entidades gubernamentales que dista mucho de la realidad. Pero hay avances.

La Sala de lo Constitucional hizo un enorme aporte en este sentido, al señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental, lo que ha contribuido a la labor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a ratos valiente, a ratos tímido.

La ley ha facilitado muchos documentos e informes que antes eran impensables, pese a que los diputados hicieron una ley bastante más débil que la propuesta inicial y el gobierno anterior retrasó todo lo que pudo el nombramiento de los comisionados del IAIP y su presupuesto.

Muchas instituciones dejan aún mucho que desear, empezando por la propia Asamblea Legislativa, así como algunos ministerios y las alcaldías, pero el camino es irreversible y hay que impulsar la apertura de todas las puertas por el bien de la sociedad.