Sorpresivamente, el gobierno de El Salvador anunció el retiro de su embajadora en Brasilia y anunció que desconocía al presidente interino Michel Temer, alegando que todo el procedimiento legal del congreso y el senado brasileños, constituían un “golpe parlamentario”.

No es la primera vez que El Salvador se alinea con Venezuela en su política exterior, por el contrario, se ha vuelto una constante. Por supuesto, el gobierno no dice una sola palabra de los abusos de los derechos humanos, la falta de división de poderes, los presos políticos y la persecución de empresarios que hace el regimen de Nicolás Maduro. Al contrario, defiende a ese régimen como sucedió recientemente en la OEA.

Brasil tiene un proceso legal interno que ha llevado a la presidenta Dilma Rousseff a ser separada de su cargo. Todo dentro del marco de la Constitución y las leyes brasileñas. Que a los partidos de izquierda de la región no les guste ese procedimiento, es otro asunto, pero está claro que no se trata de un golpe, sino del juicio a una gobernante que maquilló cifras fiscales para engañar a los votantes camino a su releección.

Si al Gobierno salvadoreño le preocuparan este tipo de legalidades, debería también expresar su condena al régimen de Maduro y demostrar que tiene principios y no ceguera ideológica, sudando calenturas ajenas.