Tristemente, el país ha sufrido por décadas la carencia de esos valores y necesita, ciertamente, instituciones fuertes contra la corrupción. Pero hay que ser claros. Muy pocas instituciones funcionan y en algunos casos, la negligencia, complicidad y colusión es tan descarada por parte de algunos de sus titulares, que por eso sufrimos el estado de cosas actual.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la única institución que ha presentado casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios en los últimos años, es bombardeada por la partidocracia que hasta intentó cortarle alas a sus facultades y es boicoteada hasta por algunos magistrados de la misma Corte Suprema.
Instituciones como el Tribunal de Ética o la Corte de Cuentas han dejado mucho que desear y carecen de la voluntad política para cumplir sus obligaciones. La Fiscalía misma ha sido un ente que habla mucho, pero hace poco y necesita demostrar, como en el caso guatemalteco, su valentía y su apego a los intereses ciudadanos. Mucho hay que hacer al respecto en El Salvador porque la corrupción no tiene color político y nos afecta a todos por igual.