Según declaraciones de la Presidenta de la Corte de Cuentas, dicho proyecto mantuvo 22 contratos por compras y pago de servicios que es necesario analizar.
De estos, se han auditado menos de la mitad y hasta la fecha solo se han iniciado tres juicios de cuentas que tardarán por lo menos dos años más en depurarse.
Mientras tanto, la misma funcionaria ha tenido que declarar la “caducidad” de las acciones que posibilitarían recuperar recursos mal utilizados, debido a la falta de informes finales a cargo de auditores de su propia institución.
La extrema lentitud con la que se investiga el uso y abuso de recursos en el mencionado proyecto hidroeléctrico, sumado a las omisiones de algunos auditores, no anuncian un combate efectivo a la corrupción y al abuso en el gasto público.
A la Corte de Cuentas le falta tanta energía, como la que se suponía le estaría generando al país la Presa El Chaparral, si esta hubiese sido concluida.
Si este órgano contralor no mejora su capacidad de reacción ante tanta irregularidad administrativa que aparece a todo nivel, entonces su credibilidad y su efectividad seguirán en entredicho como la dejaron los antecesores de la actual presidenta.