Los salvadoreños necesitamos ver un fuerte giro en el combate a la criminalidad y la delincuencia que hemos sufrido por años. El Gobierno ha anunciado medidas extraordinarias que no terminan de concretarse, pero ya ha iniciado un diálogo con todas las fracciones legislativas, un avance en la dirección correcta.

El vicepresidente Óscar Ortiz advertía la semana pasada que se tendrán “seis meses o un año muy crítico si queremos verlo como que habrá mayor nivel de confrontación” con la delincuencia. Eso implica por supuesto, mayor dolor y sacrificio para todos los salvadoreños, pero es algo que no se puede seguir postergando.

Las autoridades de Seguridad Pública deben tener dos prioridades: establecer un estado de emergencia permanente en los centros penales y recuperar el control territorial, arrebatado por las pandillas. Hay que imponer orden, hay que establecer el imperio de la ley y recuperar la confianza de la población en sus autoridades.

Por primera vez en mucho tiempo, parece haber un consenso de la necesidad de medidas extraordinarias que no afecten las libertades fundamentales de la población honrada, sino, por el contrario, rescaten las libertades de una gran porción de salvadoreños rehenes de los pandilleros.