Los pactos políticas con pandillas han estado bajo exposición pública en los últimos días tanto en los tribunales como en la Asamblea Legislativa donde una comisión de antejuicio busca despojar de su inmunidad al diputado del Parlacen, Norman Quijano.
No es moral ni políticamente correcto que un partido político, un gobierno, un candidato o un operador político de cualquier corriente ideológica busque un pacto con las pandillas para obtener réditos electorales. Es vergonzoso, inmoral, buscar acuerdos económicos o políticos con esas bandas que durante las últimas tres décadas han sembrado de luto y dolor a nuestra población con su ola de asesinatos y además, extorsionan, acosan y amenazan a diario a cientos de miles de salvadoreños.
Las revelaciones de los últimos días son indignantes sobre la actuación tanto de los gobiernos del FMLN como de la oposición arenera. Eso debe ser una lección para que nunca más se hagan pactos con pandillas y mucho menos a nombre de la población o de “acuerdos de pacificación” o “planes de reinserción” que derivan en meros pactos oscuros bajo la mesa. Que un gobierno, candidato o partido político haga es no solo delincuencial e inmoral, sino también merece el desprecio de toda la población.
A las pandillas solo se les puede enfrentar con el peso de la ley, con el Estado de Derecho. Ciertamente hay que atender a la población en riesgo, afectada y acosada por esas bandas, y que necesita ser rescatada y generarle oportunidades, pero la concepción de que un ministro –como lo hizo Munguía Payés– haga un pacto pensando en una candidatura presidencial, es un ejemplo de la bajeza política de la que hemos sido testigos y que esperamos que no se repita nunca más.