El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, explicaba el viernes que a partir de que las autoridades establecieron control sobre los centros penales, se han incautado más de 2,400 objetos ilícitos, incluyendo 500 celulares.

Las autoridades también han atribuido a estas medidas extraordinarias la reducción de homicidios y la disminución en las extorsiones. Esto demuestra que las cárceles del país se habían convertido en los cuarteles generales del crimen, desde donde se planificaba y ordenaba todo tipo de delitos a la vista y paciencia de los custodios.

Son siete los penales que están en aislamiento y deben continuar así. Esta no puede ser una llamarada de tusa, tiene que ser una operación constante y permanente que convierte a los centros penales en los objetivos para los que fueron creados.

La clave para que las medidas extraordinarias funcionen es que sean duraderas en el tiempo, que no sean como aquellos planes de seguridad en los buses, que se realizaban mientras estaban las cámaras y después se desaparecían los policías de las unidades.

Deben ser medidas ejemplares para establecer claramente el Imperio de la Ley y quitarle el control territorial a los delincuentes.