La decisión gubernamental de establecer un estado de emergencia en siete centros penales y trasladar a casi 300 cabecillas de pandillas, es un paso firme y decidido a finalmente establecer control en las prisiones, hasta ahora gobernadas impunemente por los delincuentes.

Los centros penales, todos, deben estar bajo el control absoluto de las autoridades, no de los jefes pandilleros. Las autoridades –léase Fuerza Armada, PNC o custodios– deben controlar el perímetro, el interior de pasillos y celdas, los horarios dentro de las celdas y, por supuesto, el ingreso y salida de todo tipo de personas y objetos.

El problema no son solo celulares y tablets, que ciertamente eso se arregla con el bloqueo de señales, es todo el entramado de poder que los pandilleros han generado dentro de las prisiones, al convertirlas en cuarteles generales de sus fechorías, bajo la complicidad o la negligencia de los custodios.

Ningún país del mundo puede tener seguridad si no hay autoridad y controlar las prisiones puede ser un buen inicio. Pero además, es inteligente quebrar la espina dorsal de la jefatura de los delincuentes y mantener un control constante. La población clama por resultados y debemos respaldar las medidas que vayan encaminadas a lograrlos.