En este momento, cualquier ciudadano puede ser asesinado por el solo hecho de entrar a una zona determinada bajo control de las pandillas; sin saberlo, “cruza” un territorio y si tiene la mala suerte de residir en una zona supuestamente controlada por la banda rival, es su condena a muerte. Así funciona este país en este momento.

Los pandilleros tienen mayor control territorial que las propias autoridades, la ausencia de la autoridad del Estado es evidente en amplias zonas del país.

De ahí que la propuesta de la Fiscalía General de la República de penalizar a todos aquellos delincuentes que impidan la libre circulación de las personas, es una medida acertada que puede no solo recuperar el control territorial del Estado, sino la tranquilidad de miles de personas que viven acosadas y hostigadas por estos criminales.

Las medidas contra el tráfico de armas y la detención de menores, también van en la vía correcta, así como la del acoso escolar, tan común en nuestras escuelas e institutos, donde las pandillas no solo afectan a estudiantes sino también a los maestros.

Una vez más, estas medidas merecen del apoyo unánime de las fracciones legislativas, porque impactan positivamente en la paz social de los salvadoreños.