La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció esta semana que suspende todas las visitas y audiencias previstas para este año y tendrá que despedir al 40 % de su personal en julio si los países de la OEA no aportan fondos de manera urgente para paliar la peor crisis financiera de su historia.

El anuncio no dejó de ser sorprendente pero es el reflejo de un boicot deliberado que ha sufrido la comisión de parte de muchos países de la región, encabezados por Venezuela, que ven en el organismo internacional una amenaza a su afán autoritario y a las arbitrariedades contra sus ciudadanos.

En naciones como Venezuela, Ecuador o Nicaragua, donde la partidización de la justicia y el control del Ejecutivo de las instituciones han hecho perder los derechos y las garantías ciudadanas, el papel de la CIDH es fundamental. Entonces prefieren no aportar fondos para sabotear su labor.

Lo que sucede ahora con la CIDH es que será inevitable el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato, lo que implica que los ciudadanos del continente no tendrán dónde ampararse ante los abusos de sus gobiernos.

Las violaciones a los derechos humanos seguramente continuarán y es una descomunal vergüenza lo que sucede con la CIDH.