Las plazas del Centro Histórico de la capital lucían desiertas después del inicio del confinamiento. /Foto: Archivo DEM.
El 22 de marzo de 2020 fue el día en que El Salvador cerró por completo. La emergencia nacional decretada por la covid-19 obligó a más de 6 millones de salvadoreños a confinarse en sus casas, sin previo aviso, para cumplir una cuarentena que inicialmente duraría 30 días, pero se extendió por más de tres meses.
El reloj marcaba las 8:25 de la noche del 21 de marzo cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en cadena nacional lo que muchos ya temían: una cuarentena obligatoria para reducir las posibilidades de contagio del virus, que en ese momento solo acumulaba tres contagios en todo el territorio.
Desde esta noche, a partir de hoy hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa por 30 días, nadie podrá salir de su casa durante 30 días desde esta noche". Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Esta fecha marcó el inicio de una dura etapa para los salvadoreños, que perdieron sus empleos, a miembros de sus familias y sus negocios. Solo pasaron algunos días para que las banderas blancas, implorando por ayuda, se colgaran de las ventanas de las familias sin dinero ni comida.
Archivo DEM.
Los salvadoreños enfrentaron la pérdida de sus derechos constitucionales al libre tránsito, libre reunión y al cambio de domicilio, a través de una polémica declaratoria de emergencia nacional.
Se trata del Decreto Ejecutivo 14, que fue elaborado con base en un estado de Excepción y Emergencia Nacional avalado por la Asamblea Legislativa, de forma irregular.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional ese y 10 decretos ejecutivos más, por invadir las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que aprobó a su vez dos leyes de restricción temporal de derechos, que también fueron expulsadas del ordenamiento jurídico.
Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), indicó en agosto que se violaron hasta cuatro derechos constitucionales.
Durante el confinamiento fueron detenidos más de 2,000 salvadoreños, y otros 16,000 terminaron en centros de contención. /Archivo DEM.
Hasta el final de la cuarentena obligatoria se capturaron más de 2,000 personas por vulnerar las medidas, pero unas 16,756 fueron enviadas a centros de contención. Los medios de comunicación y decenas de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, también constataron abusos durante el confinamiento obligatorio.
Leer más: “Los agentes agarraron mi bicicleta y me la engancharon en el cuello”
¿Qué ocurrió ese día?
A partir del 21 de marzo, en El Salvador solo podía circular legalmente una persona por familia.
Las excepciones, según el decreto ejecutivo, incluían a trabajadores del transporte público, restaurantes, empleados de medios de comunicación, policías, soldados, trabajadores de la salud, trabajadores de Obras Públicas, bomberos, farmacias, diputados, empresas de seguridad y gasolineras.
Las medidas, sin embargo, se hicieron más estrictas a medida avanzó el contagio: 30 días después se prohibió el servicio de transporte, las actividades turísticas y hasta parte del comercio informal denominado "no esencial", como la venta de ropa, zapatos, enseres del hogar y hasta frutas de temporada.
Todos los salvadoreños que no acataron las medidas, o al menos los que fueron descubiertos violando esta disposición, fueron arrestados y llevados a centros de contención. Esta medida fue duramente criticada por la oposición y médicos expertos, quienes alegaron un aumento de contagios en dichos centros, y la violación de los derechos constitucionales.
¿Cómo se llegó a una cuarentena total?
El 13 de marzo se declaró alerta roja en el país por la pandemia del coronavirus. Ese mismo día, Bukele pidió a la Asamblea Legislativa decretar estado de excepción, medida que fue aprobada por el Parlamento el 14 de marzo con vigencia de 15 días, pero se extendió por un total de 87 días.
Este régimen restringió la libertad de tránsito, el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos, y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
El 21 de marzo por la mañana; sin embargo, Bukele había advertido a los salvadoreños que estuvieran lejos de sus casas que debían regresar, sin más detalle que el anuncio de "nuevas restricciones de movilidad".
Aunque la Policía Nacional Civil negó la existencia de un toque de queda tras este anuncio, las medidas fueron impuestas 'de facto' desde las 12:00 de la madrugada del 22 de marzo.
Hasta el 21 de marzo, el Ejecutivo ya había decretado cuarentena nacional, una suspensión de clases en el sector público y privado, prohibición de aglomeración de personas, cierre de bares, discotecas, restaurantes, gimnasios, call centers, maquilas y el Aeropuerto Internacional.