El abogado defensor, Miguel Girón, reveló que el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, y la Fiscalía General de la República, han llegado a un acuerdo para someterse a un procedimiento abreviado, en el caso conocido como sobresueldos.
Pero, eso no va a suceder hasta el fin de la instrucción. Por eso vamos esperar que el proceso camine y esa es la razón por la cual hemos participado de la audiencia de revisión de medidas”. Miguel Girón, defensor del exviceministro Hugo Flores.
El exfuncionario es acusado por la Fiscalía, de haber recibido $174,000 en sobresueldos durante la administración de Mauricio Funes.
Este martes, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador resolvió cambiar la detención provisional por libertad con medidas, al exviceministro Flores, quien fue detenido el pasado 27 de julio.
“Este día se realizó una audiencia especial de revisión de medidas y la jueza le otorgó medidas cautelares; lo más probable es que salga mañana (miércoles, 22 de diciembre)”, afirmó su abogado Miguel Girón.
Entre las medidas que el exviceministro deberá cumplir son no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado, en señal de estar atento del proceso judicial que se le sigue.
En este proceso también están acusados la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar, la exviceministra de Educación Erlinda Hándal y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Ellos guardan arresto.
Otros cinco, entre ellos, el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y el exministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, están ausentes.
"A casi cinco meses de detención, en este proceso se realizan algunas pericias, financiera contable y otros exámenes a las firmas que aparecen en recibos donde supuestamente ellos recibían los sobresueldos a diez imputados”, afirmó Girón.
La Fiscalía los ha señalado de lalvado de dinero por recibir sobresueldos mensualmente pagados supuestamente de la partida secreta, cuyos fondos fueron trasferidos del ministerio de Hacienda a la Presidencia de Funes, sin el aval de la Asamblea Legislativa, entre 2009 y 2014.
El dinero por el que son acusados los 10 exfuncionarios, agregó, es parte de los $351 millones que supuestamente “malversó” el expresidente Funes y que incluyen entregas en efectivo a varios exfuncionarios.