El juez Jorge Guzmán enfrentó señalamientos del presidente de la República, Nayib Bukele, por intentar hacer inspecciones en los archivos de las guarniciones militares, sobre la masacre de El Mozote.
Los cuatro fiscales que conocen del proceso penal por la masacre de El Mozote y sitios aledaños pidieron separar del caso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, el pasado 23 de febrero, y hoy la Fiscalía General de la República anunció que inició una auditoría para investigar la actuación de ellos.
¿Pero por qué los fiscales pidieron separar al juez? Los fiscales argumentan en su escrito que el juez no ha sido imparcial en el proceso, porque en diferentes audiencias ha dicho que no comparte la aplicación del Código Penal de 1973-1974 que estaba vigente, cuando ocurrió la matanza de 978 personas en diciembre de 1981.
El Juzgador al actuar como se ha explicado, eligiendo la legislación que él considera más conveniente, está violentando lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución de la República que dice 'Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los Tribunales que previamente haya establecido la ley". Escrito de revocatoria y recusación presentado por fiscales.
Sin embargo, la tarde de este 3 de marzo, la Fiscalía General de la República reveló que abrió una auditoría "con el fin de investigar la actuación de los fiscales", y señala que "que la unidad correspondiente no informó previamente sobre dicha petición".
La perito
Sin embargo, en el mismo escrito que los fiscales presentaron al juez no solo pidieron separarlo del caso.
El principal punto que abordaron fue el rechazo para que la perito española, Paloma Soria Montañez, fuera juramentada para abordar un examen sobre los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres asesinadas en El Mozote.
Los fiscales argumentaron al juez que la forma en que la acusación particular y el juez, pretendía tenerla por acreditada, es un proceso anómalo.
El escrito relata que la acusación particular presentó copias simples de las acreditaciones y no estaban apostilladas, y además, debido a la pandemia del covid-19, no había resuelto la validación de los documentos y también le es imposible venir al país.
Por ello, el juzgado pidió colaboración a la Corte Suprema de Justicia para juramentarla en la embajada de El Salvador, en La Haya, donde la perito vive.
Sostenemos nuestra postura de no tener por nombrada como perito a Paloma Soria Montañez, sino hasta haberse subsanado su acreditación con la documentación pertinente, que deberá presentar la parte ofertante, en original o en copias debidamente autenticadas". Escrito de revocatoria y recusación presentado por fiscales.
Sobre este punto, en un comunicado de prensa, la Fiscalía sostiene la revocatoria de la perito "en razón de que no ha acreditado legalmente la idoneidad requerida para el cargo, lo cual pone en riesgo el valor probatorio del peritaje".
"Incoherencia"
La mañana de este 3 de marzo, la acusación particular del proceso penal tildó de "incoherente", la petición de la Fiscalía General de la República de separar al juez de instrucción, Jorge Guzmán.
El coordinador de justicia transicional de Cristosal, David Morales, no es coherente con búsqueda de la verdad y la justicia.
Morales calificó el trabajo de la fiscalía en el proceso como "pasivo", y considera el que haya solicitado este recurso como un "obstáculo" y que a pesar que desde hace casi cinco años se anuló la ley de amnistía, la FGR no ha judicializado casos.
El proceso penal de El Mozote se desarrolla por los delitos de:
- Asesinato
- Violación agravada
- Privación de libertad
- Violación de morada
- Robo
- Daños agravados
- Estragos especialmente sancionados
- Actos de terrorismo
- Actos preparatorios de terrorismo
- Tortura
- Desaparición forzada de personas y
- Desplazamiento forzado