Personal de la FGR junto al director de Centros Penales, Osiris Luna. Foto: Diego García
La Fiscalía General de la República inició esta tarde una serie de allanamientos en la Dirección de Centros Penales y en los centros penitenciarios de Zacatecoluca e Izalco, de manera simultánea, tras las denuncias sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno y las pandillas.
Fiscales del Ministerio Público fueron vistos ingresando junto al director de Centros Penales, Osiris Luna y luego ingresaron a una sala de reuniones. No hubo declaraciones de parte de la Fiscalía salvo un par de tuits colgados en su cuenta.
Fuentes fiscales aseguran que los allanamientos durarán tres días y se evitó auxiliarse de la Policía Nacional Civil para no alertar, según la fuente consultada.
La Fiscalía informó que ha girado órdenes de registro con prevención de allanamiento en la sede principal de Centros Penales, centro penitenciario de Izalco y Zacatecoluca.
Las órdenes de allanamiento y registro fueron solicitadas el fin de semana y fueron aprobadas hasta hoy por los juzgados.
Los allanamientos en las oficinas administrativas de Centros Penales, en el centro de Gobierno, ocurren luego de que el fiscal @MelaraRaul confirmara que investigaría presuntas negociaciones con pandillas. Vía @digougarcia28 > pic.twitter.com/vNoyH6a4hc
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) September 7, 2020
El Fiscal General, Raúl Melara, había anunciado el viernes que ordenaría una investigación tras la denuncia del periódico digital El Faro de que el director general de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y la Mara Salvatrucha (M-13) negociaron una reducción en la cifra de homicidios, beneficios carcelarios para los pandilleros y promesas a largo plazo vinculadas con las legislativas de 2021.
El Faro obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de máxima seguridad, que registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13.
El presidente Nayib Bukele y otros funcionarios han negado las denuncias que han tenido un fuerte impacto a nivel nacional e internacional.
Según El Faro, entre los beneficios negociados, y de los que se dan detalles en los documentos, figura por ejemplo permitir la venta de pizza o golosinas en las cárceles, el traslado de guardias que los reclusos consideraban muy agresivos o dar marcha atrás a la decisión de juntar en las mismas celdas a pandilleros de distintas maras.