Según la acusación del Ministerio Público, Funes creó una red sofisticada para apropiarse de $351,035,400.49 durante su administración entre los años 2009-2014 y contó con la ayuda de sus más cercanos colaboradores que en total suman 31, todos procesados en el denominado caso “Saqueo Público”, judicializado el pasado mes de junio en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
En el escrito presentado al juez Edward Sidney Blanco, recusado por algunos defensores de los imputados, la representación fiscal expresa que “El Salvador ha suscrito convenios multilaterales en materia de corrupción y extradición con otros países, así como con la República de Nicaragua, vigentes a la fecha”.
La Fiscalía menciona que El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana contra la corrupción, en la cual se retoma el tema de la extradición; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece la obligación de cooperación internacional y extradición.
Señalan en el escrito de 24 folios que no hay ninguna persecución política como el exmandatario lo asegura y que sirvió para que el 2 septiembre de 2016 se le otorgara el asilo político.
A Funes, Nicaragua le otorgó casi de forma expresa su petición que fue presentada el 1 de ese mismo; la solicitud fue justificada con la existencia de estar en peligro su vida e integridad física, “por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en El Salvador”, según la resolución ministerial número 073-2016 publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el 6 de septiembre del mismo año.
El Ministerio Público plantea que este proceso penal no tiene que ver nada con un delito político, por lo cual no sería aplicable el asilo concedido a los cuatro imputados y consecuentemente es viable admitir la solicitud de extradición.
“Ni los graves delitos investigados en la República de El Salvador podrían considerarse como conductas relacionadas con la lucha en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su afiliación política, tal como fue considerado por el gobierno de Nicaragua en su decisión ministerial de asilo, ante lo cual expresamente, la Convención de Mérida restringe la posibilidad de brindar esta calidad a personas vinculadas con delitos relacionados a corrupción”, argumenta la representación fiscal.
Tras recibir la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Quinto de Instrucción debe canalizarla a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que en Corte Plena se conozca.
Cuando los magistrados entren a conocer, previo a resolver, pueden requerir mayor información al juzgado y al tener toda la información decidirán si se accede o no a pedir la extradición de Funes a Nicaragua.
Ayer, el expresidente criticó en Twitter, que el juez donde fue presentado el escrito no puede llevar el caso “porque ha sido recusado por tres imputados”.
El caso
1/09/2017
El expresidente Mauricio Funes, solicitó a Nicaragua asilo político para él y su núcleo familiar, por considerar estar en peligro su vida e integridad física.
2/09/2016
El gobierno de Nicaragua, resolvió otorgar el asilo político solicitado por el expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar, según consta en la resolución ministerial número 073-2016.
5/06/2018
La Fiscalía comenzó a capturar personas vinculadas a actos de corrupción en la gestión presidencial de Funes; entre los primeros detenidos estuvo Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé.
08/06/2018
El Ministerio Público acusó al expresidente y 31 personas más de haber desvíado $351 millones de la cuenta de fondos reservados a cuentas de terceros y luego usarlas en gastos personales.
13/09/2018
La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía presentó en el Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud de extradición contra el expresidente Funes, su compañera de vida y sus dos hijos.