De acuerdo con el fallo, seis agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes; dos de ellos por cometer feminicidio en comisión por omisión y tres particulares más por encubrimiento para cometer feminicidio en comisión por omisión, y encubrimiento de feminicidio.
La condena mayor de ocho años recayó en el subjefe del Grupo de Reacción Policial, Pablo Antonio Estrada Villalobos y la menor de seis meses al agente José Atilio Jiménez Quintanilla.
Los demás condenados fueron Juan Antonio Linares Flores, Josué Antonio Pérez Pineda y Alex Obdulio López Martínez; los tres a la pena de cuatro años, Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández a siete años; Edwin Isaac Esquivel Chávez y Edgardo Alfonso Chavarría Castillo a tres años.
En tanto fueron absueltos: Julio César Flores Castro (jefe del GRP), Salvador Enrique Chávez, Víctor David Castillo Campos y Joel Isaac Castillo Arévalo.
Incumplieron.
El jefe del Grupo Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República, German Arriaza, afirmó que quedó demostrado que seis agentes policiales el día del feminicidio de la agente Ayala incumplieron sus deberes, entre ellos el subjefe del GRP y por eso fue condenado a la pena mayor.
“Tomando en cuenta que esa responsabilidad que por ley tenía de hacer un adecuado abordaje de este evento, no lo hizo. Ha sido importante esta condena para estos seis elementos policiales que no cumplieron su obligación legal y constitucional”, manifestó el fiscal Arriaza.
Agregó que en la sentencia quedó establecido que los agentes condenados tuvieron algún tipo de participación en el traslado del cuerpo de Carla Ayala, en un primer momento a la sede del GRP y posterior en el ocultamiento del mismo en una montaña del municipio Francisco Javier de Usulután.
La jueza consideró, dijo el jefe fiscal, que esos hechos se adecuaban al delito de incumplimiento de deberes y al de encubrimiento.
Reparación
La jueza también condenó a los imputados a indemnizar a la familia de la agente Carla Ayala por la suma $14,500; y a la Policía Nacional Civil subsidiariamente por la suma de $10,000 en concepto de responsabilidad civil por los daños emocionales y materiales ocasionados por el feminicidio de la agente.
Además, la PNC deberá dar computadoras y becas para la realización de estudios a los hijos de la agente.
“Se ha declarado que ha hubo violencia simbólica y violencia institucional de la Policía Nacional Civil, no importó donde estaba Carla, importaba más donde estaba el carro patrulla, importaba más donde estaba Samurái”, cuestionó Baulenas.
Al final la muerte de la agente Ayala, en la sentencia judicial queda establecido que la Policía Nacional Civil está obligada a revisar la currícula tanto de la Academia de Seguridad Pública como también de las capacitaciones que la Corporación imparten a los agentes. También la corporación policial está obligada a brindar asistencia psicológica a la familia de Carla Ayala.
3 medidas de reparación
- Computadoras y becas
La Policía debe proveer computadoras y becas a los hijos de la agente Ayala para que sigan sus estudios.
- Indemnización
Los imputados deberán indemnizar a la familia de la agente Ayala por la suma $14,500 y la PNC con $10,000.
- Plan de estudios
La PNC debe readecuar el plan de estudios en la Academia de Seguridad Pública y las capacitaciones que bridan tomando en cuenta este hecho para que no vuelva a ocurrir.