La Plataforma Ciudadana, un conglomerado de fundaciones pro derechos humanos, ofrecieron una conferencia de prensa este lunes 26 de julio. / Jaqueline Villeda.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana rechazó la militarización impulsada en la cuarta fase del plan Control Territorial, manifestando que aún se desconoce información en torno el mismo plan impulsado por el gobierno desde junio del 2019.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana demandamos rechazar la medida de incremento de las Fuerzas Armadas de 40,000 efectivos propuesta por el presidente, Nayib Bukele, como parte de la cuarta fase del Plan Control Territorial, (y solicita) reorientar los fondos que se esperan invertir en el fortalecimiento de las FAES a acciones de prevención de violencia atención a víctimas y efectiva investigación del delito”. David Ortíz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Ortiz señaló que el país continúa con un “enfoque equivocado” de la seguridad, donde se utiliza "la presión" y "la potencia bélica", y se desatienden problemas como la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres, la corrupción, los crímenes de odio contra la población de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queers (LGTBIQ+), y la falta de depuración dentro de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil.
La sociedad civil no ha visualizado “acciones concretas” en prevención de violencia, pues aún se reporta extorsión, amenazas y desplazamiento forzado.
Sobre el tema, la vocera de la fundación Cristosal, Zaira Navas, aseguró que los “cubos” impulsados por el Ejecutivo “podrán ser una gran iniciativa (de reinserción) pero atienden exclusivamente un sector muy pequeño de la población”.
Para la plataforma la “apuesta fundamental” de la seguridad debe ser la prevención de la violencia, la atención integral a las víctimas de la inseguridad, y el fortalecimiento institucional donde el diálogo sea privilegiado así como la participación ciudadana.
Además, solicitaron “romper” con el autoritarismo en el abordaje de la violencia y desarrollar políticas que respondan a las causas de la criminalidad, exclusión y discriminación.
Reducción del delito
La representante del Servicio Social Pasionista en la plataforma, Verónica Reyna, dijo que la presencia militar no se relaciona o vincula con la reducción del delito, y que por el contrario lo que se gesta es una alianza política entre el gobierno y la fuerza militar.
Al mismo tiempo, generando una alianza política con la fuerza militar, que le permita (al gobierno) también establecer ciertas condiciones de ventaja, incluso de acompañamiento militar en momentos que puedan ser incómodos por el gobierno”. Verónica Reyna, Servicio Social Pasionista en la plataforma.
Sonia Rubio Padilla, quien pertenece a la Fundación para el Debido Proceso, coincidió con Reyna sobre la gesta de una “alianza política”, recordando que El Salvador “ya ha sufrido cuando los militares extralimitan las funciones establecidas”.
Una excusa
Reyna enfatizó en que la militarización de la seguridad y la cuarta fase del plan es una “excusa” para incrementar “el presupuesto militar”, así como la cantidad de militares en la sociedad y entregar “más poder” a la FAES.
La vocera del Servicio Social Pasionista aseveró que las colaboraciones efectuadas por la fuerza militar, como apagar incendios, o atender plagas agrícolas, le ha permitido al gobierno “crear un imaginario colectivo donde la población observa a los militares como una respuesta a casi todos sus problemas”.
Puede haber también la necesidad de afianzar ese poder político con los militares y el garantizar tanto por un lado que no haya una amenaza por parte del poder político militar hacia su gobierno, pero también restringir o imposibilitar la sociedad o protestas que puedan ir generando de la sociedad civil”, agregó Reyna.
Transparencia
Rubio Padilla aclaró que es fundamental generar una transparencia en las acciones de seguridad.
“El Estado y todas las instituciones de seguridad tienen obligación directa de rendir cuentas, el Estado tiene el monopolio”, Sonia Rubio Padilla, Fundación para el Debido Proceso.