A los evasores de impuestos hay que perseguirlos y enfrentarlos ante la justicia, hacerlos que paguen hasta con intereses toda vez que se les compruebe con auditorías legales, transparentes, técnicas y profesionales que efectivamente han evadido impuestos.

Hasta el mismo Papa Francisco ha condenado a los evasores de impuestos a los que considera delincuentes de cuello blanco que roban a sus pueblos y fomentan la corrupción que tanto daño hace a las familias,

Nadie que evada el pago de impuestos debe quedar impune, hay que perseguirlos a todos, sin importar sus influencias, sus ligámenes ideológicos, sus rubros de producción, su poder financiero, su procedencia partidaria, sus afinidades, el monto de lo defraudado, su trascendencia en el poder temporal, su imagen de ciudadano honorable o su vinculación de cualquier tipo. Hay que perseguirlos a todos. Eso sí con la ley en la mano y sin ningún revanchismo o criterio político.

Un evasor es un corrupto y en el tema de la corrupción no existen mis corruptos y tus corruptos. Simplemente existen los corruptos, desde los que caen en peculado hasta los que con dolo dejan de pagar al Estado el dinero que por ser impuestos le pertenecen al pueblo.

Reitero, la persecución debe ser pareja, pero sobretodo legal, sin criterios políticos. No se debe de politizar lapersecución de los evasores. La persecución debe ser sin tregua, pero no motivada por el juego político o por la trascendencia de lo mediático.

La semana pasada se conoció el caso de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la empresa Intratexde El Salvador S.A. de S.V. Daura fue detenido y presentado a los juzgados por evasión de impuestos por la cantidad exorbitante de $5.3 millones. Una cantidad millonaria que por si da cólera. Ese dinero lo habría dejado de pagar en el año fiscal 2017. Tras la presentación de arraigos y una fianza de 500 mil dólares Daura seguirá el proceso de instrucción en libertad, pero no podrá salir del país, deberá presentarse a firmar cada 15 días a un juzgado y deberá usar brazalete electrónico. Hasta ahora no se ha comprobado que haya evadido esa cantidad, pues serán los peritajes respectivos los que corroborarán o descartarán que se haya dado esa evasión.

Este caso llamó la atención de sobremanera porque inicialmente la Fiscalía dijo que era una evasión por $293 millones, una cantidad excesivamente exagerada. Pese a la que misma Fiscalía reconoció que se había equivocado y que la cantidad evadida era realmente $5.3 millones, las autoridades gubernamentales repitieron la primera cantidad y en la mente de la población ha quedado como cifra evadida los $293 millones. Ese error, así como atribuir la empresa a contendientes políticos, proyecta la imagen de una persecución política.El error se vuelve doloso cuando es el mismo ministro de Hacienda quien públicamente y en conferencia de prensa asegura que la cantidad evadida es de $293 millones. Se supone que la información correcta la maneja la Fiscalía y el titular de Hacienda.

Desde luego que evadir $5.3 millones en un año, si es que se comprueba, es un hecho bochornoso y condenable. Con esa cantidad se pueden hacer muchas obras y salvar muchas vidas. El problema es que voluntaria o involuntariamente el caso se politizó a raíz de un error repetido deliberadamente y aceptado como cierto por cientos de miles de salvadoreños que creen a fe ciega en las personas que ellos consideran sus líderes o sus representantes genuinos.

Algunos han criticado al juzgado por haberlo puesto en libertad con medidas, entre ellas la caución de 500 mil dólares, para que siga el proceso libre en su contra. Pues las leyes lo permiten y los jueces solo aplican la legislación que otros han hecho. Personalmente me gustaría que todos los evasores pasaran presos, pero las leyes nacionales y los convenios internacionales contemplan la prisión como la última instancias en los casos de evasión y otros delitos.

No conozco a Daura y ni siquiera sé si es inocente o culpable. Si es inocente que le laven su honor, pero si es culpable que devuelva lo robado (evadido) al Estado. Lo mismo le debe ocurrir a todos los evasores, sean quienes sean. Eso sí, no hay que cometer errores adrede para mediatizar los casos y confundir a la población ni politizar la lucha contra los evasores.