La reforma fiscal, entendida como el incremento de impuestos y la disminución de gastos públicos, para sanear las finanzas públicas, neutralizar parcialmente la distribución ine­quitativa del ingreso que realizan las empresas e impulsar el desarrollo económico y social, ha venido siendo recomendada desde hace tres décadas por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador (UES) y Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde); pero los gobiernos de Arena y FMLN prefirieron trabajar con déficit fiscales y aumentar el endeudamiento público; durante la administración del presidente Mauricio Funes se incrementaron algunos impuestos a productos cuyo consumo es dañino para la salud, pero los gastos públicos continuaron aumentando. En noviembre de 2019, nuevamente estuvo en el país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar el panorama económico y político, recomendando un ajuste fiscal o reforma tributaria no redistributiva, de un 2 % del PIB, para el año 2021, con las características siguientes: aumentar los impuestos a la propiedad (predial), IVA y bienes suntuarios; ampliar la base tributaria del país; contener los gastos del Estado destinados a salarios públicos; hacer reformas a la Ley del Servicio Civil; centralización del sistema de compras públicas; así como ampliación de los procesos de licitación a todas las entidades públicas. Mauricio Choussy, aseguró el 7 de enero del 2020, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había retirado de entre sus recomendaciones para El Salvador, el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA); en lo relativo al gasto, recomienda reducirlo, pero que se destinen más recursos al área social.

El 8 de enero de 2020, el ministro de Hacienda afirmó que el crecimiento de la economía sería suficiente para estabilizar las complicadas finanzas públicas, por lo que no sería necesario adoptar medidas de ajuste fiscal, como las que ha recomendado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las organizaciones gremiales que defienden los intereses de la gran empresa privada, así como Fusades, sostienen que una reforma tributaria que aumente los impuestos a las empresas, hace poco probable que aumente la inversión privada nacional, porque afecta el clima empresarial y la posible ganancia que podrían obtener las empresas; sin embargo varias empresas privadas salvadoreñas invierten en otros países en donde los impuestos a las empresas son mayores que en El Salvador.

Es evidente que el gobierno de Bukele está empeñado en lograr aumentar la inversión, para incrementar significativamente la tasa de crecimiento económico del país durante el presente año y que hace esfuerzos por convencer a la gran empresa salvadoreña para que invierta más en nuestro país, para hacer que ese crecimiento económico sea sostenible en el tiempo, pero no se debe utilizar como moneda de cambio la eliminación de la reforma tributaria.

El crecimiento económico hace que aumenten los ingresos públicos, pero incrementa la distribución desigual del ingreso de la población. El argumento que la reforma fiscal no es necesaria, si se puede lograr un alto crecimiento económico fue utilizado por los gobiernos de Arena y FMLN, así como otros gobiernos latinoamericanos en las últimas tres décadas: en la mayoría de los casos no lograron ese nivel de crecimiento y ahora tienen un nivel peligroso de endeudamiento público; los pocos países que lograron tener ese crecimiento pudieron tener un nivel de deuda manejable, pero la distribución del ingreso se hizo todavía más desigual; en la actualidad uno de estos países es Chile, en donde desde hace varias semanas, la mayoría de la población ha estado participando en demostraciones públicas, en donde expresa que no quiere continuar viviendo en esas condiciones de desigualdad y de servicios públicos de baja calidad.

En el caso de El Salvador, que es considerado uno de los países con mayor desigualdad del ingreso y nivel de pobreza, es peligroso negar la posibilidad de realizar la reforma tributaria. El gobierno de Bukele debería tratar de aumentar el crecimiento económico del país en este año a un 2.8 % y tratar de llegar al 3.5 % en los tres años siguientes; así como realizar la reforma tributaria en el año 2021 o 2022.