En un proyecto de país, debe estar en primera línea la Transparencia y eso hoy día sigue siendo una quimera. Y es que basta escuchar a los gobernantes de turno como el VP del Régimen que afirman estar estudiando devolver los subsidios (en medio de la peor crisis financiera de la historia nacional). Más que subsidios, el problema de fondo de país gira a la ausencia de credibilidad en quienes administran los fondos estatales que creen que repartiendo de nuevo (dólares) alcanzarán el clímax de la felicidad de los electores en vistas al 2019 y así seguir con sus deseos y lujos faraónicos que muchos ya se acostumbraron a tener.

El país urge de un proyecto que sea 1) Realista: con metas posibles técnicamente de cumplir. 2) Medible: cuyas metas, objetivos, etc. se fijen en términos concretos en el tiempo y no en garrapiñadas electoreras. Y 3) Transparente: basándose en un compromiso de cara a los sectores generadores e impulsores de la economía. Si bien, son cientos de miles de usuarios (votos) que recibieron subsidios o esperan tenerlo de nuevo, según el régimen es de “justa razón” de nuevo otorgárselos.

Es obvio, políticamente es impopular retirarlo, si no veamos la pescozada que recibieron semanas atrás. El Salvador no superará gradualmente el ciclo de violencia e inseguridad jurídica, entregando 5, 10 o 25 dólares, etc. mes a mes, en recibos de servicios básicos; El Salvador tampoco progresará con políticos oportunistas que repiten: “El dinero alcanza cuando nadie roba”, aunque a él se le olvida que dejó enjaranadas las instituciones que administró. El Salvador saldrá adelante en la medida que sus gobernantes trabajen bajo el mandato que se les ha encomendado y no calculando cómo seguir ORDEÑANDO al Estado para beneficio propio; así como tratar de cuidarse las espaldas unos a otros de la espada de la justicia.

Por ello, la elección de la Sala de lo Constitucional es determinante y crucial para vivir en un ESTADO DE DERECHO, porque define los límites jurídicos para frenar abusos del poder y así establecer las responsabilidades correspondientes a cada uno. Es éste el marco jurídico en el que debe transcender la nación.

Ese asistencialismo in eternum no es la solución, muchas veces la plata no termina en pro de los necesitados, esto lo que contribuye es a anular las capacidades de esfuerzo y responsabilidad que deben tener los padres. Seguir con transferencias (eternas) constituye una discapacidad social de por vida. Si quieren cambiar sus existencias se debe hacer desde la primaria por ejemplo en salud, pero hoy no hay guantes, medicinas ni algodón. Pero sí hay rotación de puestos para la corrupción.

El asistencialismo in eternum es una muleta electoral que los condena a ser dependientes sociales de por vida. Para cambiar esta realidad es preciso la acción preventiva a la niñez comenzando con la educación para que ellos sean los portadores de cambio de su entorno y puedan acceder a modificar sus propios destinos. Sumado a ello, ¿cómo se garantiza que esa cantidad es utilizada efectivamente en los hijos? Si de verdad quieren combatir la pobreza, entonces administren y gestionen de forma eficaz y transparente los impuestos. A ver cuando salen de la tuitósfera y presentan soluciones realistas, medibles y transparentes como expresamos al inicio.

Si tanto les preocupa la seguridad de la ciudadanía, afronten la temática del narcotráfico ya que es un sector que logró identificar estratégica y políticamente esos nichos que el Estado dejó huérfanos por conveniencias ideológicas erradas y personales desde antes y que hoy día quieren seguir imponiendo. El narcotráfico ofrece “trabajo y beneficios” a esos sectores que elección en elección es timada por tanto político fanfarrón. Es preciso tener un nuevo enfoque por el futuro de la nación para ayudar a los que sí lo necesitan temporalmente, pero un modelo que da y reparte todo, que desalienta la inversión, aumenta la incertidumbre como ocurre en la moribunda Venezuela no es la solución. Bien dicen: “A pobre viene, quien gasta más de lo que tiene”.