Monseñor José María Escrivá de Balaguer afirmaba que “lo que hay que hacer se hace “. De ahí que, cumplir como ciudadanos es responsabilidad de cada uno. No existe justificación, pretexto. Ante el “ chapandongo social “ que vive El Salvador. Esto dado el entorno que todos hablan, critican, señalan que debe cambiar pero nadie se atreve a encarar. La impunidad política avanza y, si queremos frenarla está en nosotros: hombres y mujeres que debemos aislarla. Una nación que se defina como pensante es porque posee ciudadanos éticos capaces de asumir su rol cívico. Rebalsa el cinismo a través de las decisiones”politiqueras“de ayer y hoy que afectan a los contribuyentes que ven como sus bolsillos son timados con actos de corrupción que ahogan cada vez más la desesperación nacional. Los salvadoreños podemos marcar una diferencia hoy día, a través de una participación no necesariamente optando a un cargo público o firmando peticiones que quedan en el papel; sí estas no están acompañadas por ejemplo de un soporte jurídico hacia la Fiscalía General de La República: Una CICIES que fije un orden judicial a este anárquico país, carente de valores que con la complicidad gubernamental por décadas ha transformado el delito en un mal estilo de vida.

Como ciudadanos exigimos dicha comisión para auditar, investigar y juzgar a todo aquel funcionario (señalado) cuya única preocupación es ver cómo se “compone” con los recursos estatales. La permisividad de la delincuencia insertada en los poderes del estado no es más que una impunidad que favorece el incremento del crimen organizado que debilita el sistema institucional y cuya credibilidad está fracturada. El crimen sabe que dada la fragilidad puede operar libremente en el que los grandes casos son bloqueados y algunos exiliados a través de conexiones políticas cuyas prácticas han sido captar el dinero estatal. Urge atacar esa adicción por los dólares mal habidos que algunos funcionarios poseen y que dicho proceder favorece no solo la corrupción sino que es el referente “cultural” hacia la actual generación.

Diferentes encuestas afirman el grave estado que percibe la población hacia el territorio nacional en materia de inseguridad que ven un limbo el mañana. Si un alto porcentaje de la opinión pública exige la necesidad de la implementación de una Comisión contra la Impunidad, entonces es necesaria su pronta aprobación. La realidad evidencia el pseudo liderazgo político plasmado en los elegidos para administrar la hacienda pública sin importar el partido o la inclinación ideológica: ¡apestan! Patético escuchar voces cuestionadas por enriquecimiento ilícito oponerse a la implementación de una comisión que investigue casos de defraudación al estado por ejemplo: “No es necesario que vengan de afuera a decirnos que hacer”. Sin embargo, se contradicen cuando abrazan, aplauden y aceptan un enviado de la ONU para decirles: cómo, cuándo y qué hablar para un segundo acuerdo de país, una incoherencia total. Acaso olvidan que: ¿segundas partes nunca son buenas? No, señores, el hartazgo ciudadano llegó a su límite, en un momento en el que lo que aquellos hicieron mal, hoy lo hacen “pior”. Temor a una CICIES cuando la sociedad sobrevive económicamente mientras sus gobernantes de toda ideología cierran sus escasas vistas a una realidad oscura provocada por sus mismas acciones irracionales. El fin es mantener la partidocracia y sus lujos a costa de un pueblo que cada vez más se empobrece. Estilos del buen vivir en ambos lados sacrificando al contribuyente; basta de joder al país. No es con partidas multimillonarias secretas, seguros médicos etc., como se generan políticas estructurales. Es cuando la transparencia está presente en el uso de recursos de forma efectiva, verídica y estratégica. Así también, los ciudadanos deben tener claro que no es mediante likes, tweets, y/o memes como cambiará el déficit actual. Es apoyando un verdadero y necesario soporte jurídico-financiero a la fiscalía. En síntesis: “El que no lucha por lo que quiere no merece lo que desea”.