La corrupción afecta el desarrollo de los países. La corrupción afecta la posibilidad que tienen los gobiernos de satisfacer las demandas de las grandes mayorías y de las minorías. La corrupción afecta la posibilidad de garantizar los derechos humanos de la población. La corrupción es un impuesto que pagan los más pobres. La corrupción mata. Todos hemos escuchado alguna de estas frases alguna vez, pero ello no debería restarles su importancia porque cada una expresa una gran verdad y si no hacemos algo al respecto, en países como el nuestro, la pobreza seguirá aumentando o, en el mejor de los casos, se mantendrá igual, lo cual tampoco representa un panorama alentador.

Muchos académicos, como por ejemplo Thomas Piketty, en su obra El Capital en el Siglo XXI han señalado que el mal de este siglo es la desigualdad. Desigualdad que también, según estudios de entidades expertas como la CEPAL y el Banco Mundial, tiene su máxima expresión en América Latina. Las razones son tantas y tan complejas que en estas reflexiones no alcanzaré a cubrirlas todas, pero una de ellas es la incapacidad de nuestros gobiernos para reducir la corrupción.

La corrupción tiene muchas expresiones. La gran corrupción se ve reflejada, por ejemplo, en el número de expresidentes propios y de otros países de la región que han sido procesados por corrupción en la última década. Solo en El Salvador, entre el expresidente Antonio Saca y el expresidente Mauricio Funes se calcula que se robaron más de 700 millones de dólares. Esto es escandaloso porque todos sabemos las grandes necesidades que nuestro país enfrenta y las insuficiencias en salud, educación y seguridad, por mencionar los sectores que más golpean a la población salvadoreña, que podrían haberse atendido con estos fondos. No obstante ello, si bien a veces nos enfocamos en este tipo de corrupción por lo mediática y ofensiva que resulta, la corrupción debe combatirse en todas sus escalas: gran corrupción, mediana corrupción, pequeña corrupción y hasta la micro corrupción, persiguiendo a todos sus perpetradores. La corrupción debe combatirse en todas sus expresiones y, sobre todo, caiga quien caiga.

Este fue uno de los grandes mensajes que José Ugaz, exdirector de la organización Transparencia Internacional compartió con los que participamos en la Semana de la Transparencia organizada recientemente por el Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, durante la segunda semana de diciembre. El problema es que en El Salvador algunos corruptos caen y otros no. Hay casos de corrupción que han sido visibilizados por el periodismo de investigación o por la propia imprudencia o vanidad de los funcionarios que los han cometido que son ampliamente conocidos por la población y, sin embargo, algunas de estas personas siguen en sus puestos, a la vista de todos, viviendo como si fueran ciudadanos honrados, compartiendo los mismos espacios que nosotros y nuestras familias, como si no pasara nada.

Según este experto, uno de los más grandes problemas para la erradicación de la corrupción en países como El Salvador, es que la corrupción no es episódica, sino que es estructural. El sistema está enfermo. No hay nada más parecido a un corrupto de izquierda que un corrupto de derecha o de cualquier lado del espectro político donde un gobierno político quiera ubicarse. La corrupción está en todas partes, en ámbitos públicos y privados y está privando a todos los salvadoreños del país que queremos y del país que necesitamos. Por ejemplo, no es coincidencia que los países nórdicos, en los cuales los índices de corrupción son menores, también tienen los niveles de desarrollo económico y de consolidación del Estado de derecho más elevados. Como fuentes pueden consultarse el Índice de Percepción de la Corrupción y cruzar los datos con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, entre otros y comprobarán que hay una enorme correlación entre bienestar de la población y ausencia de corrupción. Los ciudadanos de estos países reciben servicios de salud, educación, transporte, seguridad social y muchos otros servicios de calidad, porque en muchos de esos países la tolerancia del Estado y de la población hacia la corrupción es muy baja y cuando se conocen casos de pequeña o gran corrupción, cae quien tenga que caer; es más, en muchos casos, los funcionarios involucrados renuncian al cargo cuando son expuestos. No hay fueros, ni artimañas partidarias, judiciales o del “establishment” que los proteja. El costo político de apoyar a un corrupto es demasiado alto porque la población ha desarrollado un ADN que rechaza profundamente la corrupción.

Así que la solución para eliminar la corrupción es clara. Tolerancia cero en todas su formas de expresión, en todas sus dimensiones, venga de donde venga y caiga quien caiga. Este es el tipo de combate a la corrupción que debemos exigir a nuestros representantes y con el que tenemos que contribuir como ciudadanos, porque a veces cada uno de nosotros también es parte del problema.