El 11 de agosto del año en curso el presidente Bukele, denunció en su cuenta de twitter lo siguiente: “El Magistrado @RobertoAnzora_, @rodolfo_parker y @AArnoldomarin, cometieron delito, al compartir información confidencial de auditorías en proceso, para fines políticos. El Fiscal @MelaraRaul debe proceder, aunque probablemente solo haga “lo que él considere conveniente”. Al hacer una aseveración cómo esta por parte del ciudadano presidente no basta con mostrar unas fotografías en público, se requiere de evidencia sólida, ya que los está acusando y juzgando, dando por cierto los hechos.

Más allá de que el presidente tenga razón o no de lo denunciado, existe un debido proceso, en el cual se respete el derecho de todo ciudadano a ser tenido por inocente, hasta no ser oído y vencido en un juicio con arreglo a las leyes, es decir es lo mínimo con lo que debería contar todo salvadoreños señalado en un delito, de lo contrario el mismo presidente ya estaría siendo procesado por todos los supuestos señalamientos de corrupción que hay en su contra, si con la misma eficacia que actuó la Fiscalía en esta denuncia, actuara en los múltiples hallazgos irregulares expuestos en contra de la administración Bukele.

Por otra parte, de la simple lectura de los supuestos mensajes de Whatsapp que recibió el diputado Parker, no se menciona directa ni indirectamente al magistrado de la Corte de Cuentas, ya que el mensaje inicia así. “Le envió la información, las observaciones que ha realizado la Corte de Cuentas, para ver si le sirven en esa discusión, luego dice así “el examen es sobre los paquetes agrícolas” de manera que no hoy ningún indicio incriminatorio, ni delictuosa, ni tampoco se está usando información que no pueda adquirir cualquier ciudadano por medio de la oficina de acceso a la información pública o por medio de las investigaciones periodísticas.

Ahora bien, la información que se lee de las fotografías publicadas por el presidente Bukele, no es nueva ni confidencial, dado que la presidente de la Corte de Cuentas, informó atinadamente a los medios de comunicación el día 26 de julio, que mediante una auditoría han encontrado seis posibles irregularidades en las recientes compras que ha realizado el Ministerio de Agricultura en el contexto de la pandemia, también reveló que, a pedido de la Asamblea Legislativa, se ha abierto una línea de investigación sobre la solicitud que hizo recientemente el ministro de Agricultura, de $23 millones para continuar con las compras de granos básicos y otros componentes de los paquetes alimenticios.

De manera que lo denunciado por el presidente no constituye nada nuevo ni confidencial, ya que los salvadoreños nos hemos enterado de todas esas irregularidades por medio de las investigaciones periodísticos que han efectuado valientemente medios, como Diario el Mundo, el Faro, Factum, El Diario de Hoy y LPG, quienes han publicado, las irregularices de las canastas básicas y los paquetes agrícolas entregadas al partido Nuevas Ideas, la distribución de atún por medio de una empresa fantasma B-Eminent, además de las contrataciones directas para los paquetes alimentarios, por $151.9 millones; más otros $42 millones, siempre por contrato directo.

A todo ello se le agrega que el ministro de Agricultura se ha negado a proporcionar información de los gastos efectuados y los criterios de adjudicación directa, y se ha excusado en varias ocasiones ante la Asamblea Legistiva y por mas notificaciones oficiales que le ha enviado la Corte de Cuentas, aun así, el ministro Anliker se niega a dar información de todos los hallazgos irregulares durante la pandemia, indudablemente este accionar es digno para que la Fiscalía actué con eficacia.

En suma al publicar el presidente Bukele, información personal e íntima de un diputado y acusar a un magistrado de cometer delitos, incurre en una seria de acciones delictuosas, primero porque deberá explicar de qué forma adquirió esas fotografías, dado que hay una flagrante violación a la intimidad de un diputado de la Republica, al Captar las Comunicaciones (186 C. Pn) y al publicar una conversación privada, se comete el delito de Violación a las Comunicaciones Privadas (184 C.Pn). De modo que estas acciones además de ser espionaje, indica la molestia del Presidente en contra de los magistrados de la Corte de Cuentas, quienes le han venido señalando todas las irregularidades.