En realidad, la intención de reforma constitucional ha sido un secreto a voces desde que el presidente Bukele asumió el cargo. Este niega su intención de buscar la reelección que la actual norma fundamental proscribe, pero se apresura a pocos meses de las elecciones legislativas a organizar este simulacro de propuesta consensuada, con miras a que sea discutida y aprobada en un pleno legislativo en el que pesen más los votos a favor de su proyecto. No se explica de otra forma la composición mayoritaria de quienes forman parte de la comisión a cargo de redactar la propuesta o la forma en la que se elaborará la misma y, más aún, el plazo para recibir los insumos de la ciudadanía que expira, como era de esperarse, antes del próximo evento electoral.
Lo más lógico para dotar de legalidad, pero más importante aún de razonable legitimidad a un proyecto de nueva constitución, que por el mismo hecho de serlo debiera dar muestras de ser la expresión de cohesión social y de consenso político, es que este fuera redactado conjuntamente con la nueva mayoría parlamentaria que surja tras las elecciones, que la consulta ciudadana permita la participación de todos los sectores interesados y que en especial las minorías de todo tipo, en lo que al alcance de sus derechos individuales o colectivos se refiere, tuvieran una oportunidad privilegiada de ver sus aportes reflejados en el nuevo texto fundacional.
Lo anterior, si de ampliar el alcance de los derechos fundamentales se tratara. Ahora bien, si la preocupación presidencial recae en el mantenimiento del poder más allá de cinco años o de expandir los poderes de la presidencia contrayendo los del resto de órganos fundamentales de gobierno, estaríamos ante un sinsentido en lo que a la perspectiva constitucional se refiere, ya que la tarea de reforma constitucional, más que la de modificar una existente, debe ser tarea de una asamblea constituyente, designada para ello por los mismos gobernados a los que hoy por hoy no se les está escuchando, si es que no comulgan con las nuevas ideas del presidente, y menos si de sectores abiertamente opuestos o disidentes se trata.
Pero la idea de Constitución pretende precisamente lo contrario: la ley primaria o ley de leyes –lex legum le llamaron los clásicos-, reúne los avances de una historia que no comenzó con la administración Bukele y que pone al país a la altura de las aspiraciones de quienes fundaron la idea de la República: privilegiar las libertades esenciales para que las personas, en ejercicio del poder soberano que el mismo orden democrático les confiere, sean capaces de controlar el poder y a la vez vivir su vida en libertad, ejerciendo derechos y respetando la pluralidad de opiniones y decisiones que son parte de la vida en sociedad.
Una nueva Constitución no sirve para perpetuarse en el poder o para evadir el control interorgánico, mucho menos para asegurar un proceso de toma de decisiones en el que la fuerza de una mayoría se imponga de manera incuestionable a una minoría incapaz de exigir rendición de cuentas.
Las Constituciones que El Salvador ha tenido durante casi dos siglos podrán haber sido más o menos cumplidas por sus gobernantes, manipuladas o reformadas al gusto del dictador de turno, pero siempre han dejado resquicios para que en el ejercicio de los derechos y libertades, tarde o temprano se exija lo que en armonía debió haberse cumplido: la responsabilidad en el ejercicio de un poder de representación que por naturaleza debe ser limitado y, más importante aún, temporal. Ya se verá cómo termina toda esta parafernalia del “proceso de propuesta de reforma”…y con quién.