En aquel lugar holgaba la algarabía en las polvorientas calles de las colonias Alfaro, San Antonio, La Fortuna, El Níspero y aunque mi familia, como muchas, nos preciamos de tener claras convicciones cristianas, en nuestro entorno era conocido el arraigo y prácticas del sincretismo religioso, que de manera paralela mezclaba prácticas de “santería” con ancestrales ritos propios de nuestros pueblos originarios todavía asentados en fuertes bastiones de Panchimalco y Ciudad Delgado. Hábiles “hermanos” en el uso de yerbas, raíces, semillas, sahumerios, emplastes, brebajes, interpretaban el futuro y recomendaban para el tratamiento de males y dolamas, anímicos, económicos, amorosos y espirituales.
También era conocido que cuando alguien trascendía la frontera del bien, cierto o no, iba a parar a Izalco para que le hicieran algún “trabajo”; aquella mítica región, cuna imaginaria de la brujería, magia negra, encantamientos, médium capaces de leer el pasado y el futuro conectando con difuntos del más allá, males, sapos, culebras, chuzos de alacrán, muñecos de trapo con alfileres y toda suerte de encantamientos para atraer o espantar a cualquier ser querido o mal querido. Desfilaban por esos “centros espiritistas” desesperados pasionales, comerciantes, políticos locales buscando “limpias”, simpatías y fortuna.
De esta forma se acuñó la idea de quienes habían hecho “pacto con el diablo” y como resultado justificaban la tenencia de fortunas mal habidas, también obtenían favores como misteriosos ganes electorales.
En la modernidad la magia negra de las campañas electorales “sucias”, como ocurre en nuestro país, se realiza a través de oscuros cibercentros clandestinos, equipados con la más alta tecnología, capaces de producir miles de páginas falsas y periódicos temporales, articulados a miles de cuentas robot manejadas por hábiles chamanes digitales, en su mayoría millennials coordinados desde agencias especializadas de marketing electoral dedicadas a sondear y testar las tendencias de opinión pública: estudian perfiles, gustos, preferencias y rechazos reflejados en la opinión de segmentos de electores, y a partir de ese trabajo de inteligencia política, desarrollan estrategias para producir noticias falsas, memes, instruir de contenido a los impulsores de opinión que participan en programas públicos, todo con el objetivo de engañar y manipular el estado de ánimo a favor de quienes pagan esos servicios.
Estos centros de fantasmas digitales son respaldados con potentes conexiones a internet, servidores dislocados en países remotos, desde donde operan con carácter de “paraísos digitales”. Los pagos se efectúan a través de terceros en el exterior o de sistema de tarjetas prepagadas sin el menor control de sus operaciones.
Recientemente se desarrolló en México una reveladora investigación periodística disponible a través de @BuzzFeedNewsMex que puso al descubierto una parte del iceberg del rol de la guerra sucia en campañas electorales en ese país. Según la información la empresa “Victory Lab” y a su operador Carlos Merlo estaban directamente comprometidos en la producción de noticias falsas para manipular las preferencias en la intención del voto de la ciudadanía. Con el resultado de esa publicación coinciden investigaciones del periódico La Jornada de México y ADN fundamentados en trabajos del periodista y especialista en redes sociales Alberto Escorcia y a partir de las cuales las autoridades mexicanas han reforzado los recursos de la unidad policial y fiscal de investigación de delitos informáticos.
En nuestra nación es creciente el peso de las campañas de “guerra sucia” en las últimas elecciones, principalmente en esta última presidencial, y en general en la vida política del país. A esta altura de la evolución democrática, no está en juego restringir las libertades de expresión y prensa que están plenamente garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica social y política; pero, no podemos ser ciegos y dejar de advertir que cada vez es mayor la evidencia de las operaciones clandestinas y encubiertas con el objeto de manipular el estado de opinión publica a través de mensajes falsos y engañosos que se divulgan dolosa y concertadamente por las redes sociales, generando toda suerte de descrédito en ataques a personas, candidatos, partidos políticos, incluso a medios de comunicación.
Además de la distorsión a las normas éticas y a los principios legales de legítima competencia electoral, este hecho tiene repercusión en la evasión y elusión fiscal por las sumas millonarias que se mueven de manera ilegal, sin pagar impuestos, en la financiación de esas operaciones y especialmente en una nueva forma de financiar la política.