De acuerdo a los reportes periodísticos, previo al arresto, Ángel había sido detenido un mes antes por portar 25.6 gramos de marihuana, una cantidad que dio paso a una investigación en su contra por tráfico ilícito de drogas y llevó a su eventual detención luego de que se allanara su casa y le descubrieran dos plantas de marihuana.
Según su padre, contrario a lo que indican las autoridades, Ángel no es un traficante de drogas, sino una persona que encontró en la marihuana una alternativa para escapar de sus problemas mentales. No obstante, debido a sus antecedentes judiciales relacionados al consumo de sustancias prohibidas, si llegase a ser encontrado culpable, pudiera llegar a pagar una pena de seis a 15 años de cárcel por los delitos que se le acusa.
Cual sea el veredicto final, vale la pena analizar el caso y preguntarse si como sociedad estamos haciendo lo correcto al permitirle al Estado encarcelar a personas por el consumo de dicha planta, sea éste practicado por placer, como alternativa medicinal o cualquier otro motivo personal.
Desde la perspectiva de la filosofía política libertaria, la cual reconoce la capacidad de cada individuo para tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de ellas, mientras éstas no atenten contra la vida, la libertad y la propiedad de los demás, no hay motivo alguno para criminalizarlas. Por lo tanto, siendo el consumo de la marihuana un acto que únicamente afecta a la persona que lo practica, el uso de la misma o de cualquier otra sustancia psicotrópica debería de ser completamente permitido.
De hecho, prohibir el consumo de drogas es una idea peligrosa y tiránica, pues al negar a los individuos su derecho natural sobre su cuerpo y propiedad, se abren las puertas para que otros, a través del poder coercitivo del Estado, intenten criminalizar actos similares que no invaden los derechos de los demás.
En consecuencia, teniendo en mente de que en una sociedad libre cada quien es dueño de su propio cuerpo y responsable de las decisiones que toma en el marco de su proyecto de vida, considero importante que quienes administran el Estado salvadoreño empiecen a tomar medidas para que personas como Ángel no sean tratadas como criminales, sino como lo que verdaderamente son: personas con problemas de salud.
En primera instancia, este proceso de transformación hacia políticas publicas más sensatas pudiera empezar reconociendo públicamente, como otros países lo han hecho, que el combate a las drogas trae consigo costos sociales y económicos mucho más altos que el consumo mismo, como por ejemplo, las vidas que se pierden durante el proceso de narcotráfico y los recursos que se desvían y pudieran servir para perseguir actividades serias en donde sí se ha afectado la vida, la libertad o la propiedad de terceros.
Por otro lado, como segunda medida, derogando, gradualmente si es necesario, todas aquellas leyes nacionales y denunciando los convenios internacionales suscritos y ratificados orientados al combate a las drogas, así como dejando en libertad a todos aquellos individuos que como Ángel no cometieron delito alguno durante la producción, el consumo o venta de dichas sustancias.
Y en tercer lugar, para evitar caer en el libertinaje, estableciendo un marco regulatorio en donde se establezcan los límites de edad, los protocolos de fabricación, las restricciones de publicidad, las licencias de distribuidor y algunas otras reglas simples que podrían tener un impacto positivo sin obstaculizar significativamente la propiedad de cada persona sobre su cuerpo.
En conclusión, bajo la lógica de los principios libertarios, si queremos preservar nuestra libertad, no hay alternativa que oponerse a arrestos como el de Ángel y abogar por la legalización de la marihuana y otras sustancias.