La corrupción no viene ni con la lluvia ni con el viento, ha estado nutriéndose por décadas en la nación, la cual ha avanzado por complicidad de quienes han dirigido la hacienda pública. Este mal, además de ser el cáncer de la sociedad, es una de las grandes dinámicas complejas que se deben enfrentar; así se manifestó en la Semana de la transparencia, en la que la señora Embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, solicitó “combatir la corrupción e impunidad que imperan en El Salvador y que está afectando la función pública y limita los recursos financieros en beneficio de la población”. Ese llamado es una alerta a una sociedad que ve nubosidades en su futuro, el cual difícilmente puede ser posible si no se trabaja conjuntamente por todos para solucionar esta grave y aguda situación delincuencial, efecto de la impunidad, etc.
La percepción ciudadana hacia sus gobernantes es totalmente negativa en la que diversos estudios y reportes locales confirman la total ausencia de credibilidad en la clase política, dadas sus acciones que son propias del crimen organizado, malversación, trafico de drogas-armas, migración forzada, iliquidez estatal que son consecuencias del mal manejo de los presupuestos estatales que técnicamente no son transparentes a la hora de elaborarlos ni factibles a la realidad actual al aprobarlos, consecuencia de la incapacidad administrativa oficialista en resistirse a planificar adecuadamente los ingresos que recibe.
No hay peor fatalidad que observar agentes públicos encargados de la transparencia gubernamental cuando sus acciones creen ser de oro y en la realidad son de fantasía o de cobre. Recordemos que un capital (la verdadera fábrica de empleos) opera con planes a largo plazo.
Basando sus proyecciones mediante análisis técnico y no a través de la politiquería electorera, si el país continúa con estos hechos vandálicos en el que apropiarse del dinero del pueblo es algo “normal”, las estimaciones futuras resultarán aún más negativas para la sociedad. El Salvador y sus ciudadanos deben tener claro que los problemas de la nación no pueden ser resueltos más que por los mismos ciudadanos. Es tiempo ya de responsabilizarnos ante: ¿Qué hacen nuestros gobernantes? La oposición está llamada a crear acciones y estrategias que dinamicen la economía y la seguridad jurídica, y no enfocada en proteger su status quo. La clase política debe cesar esos cambios bruscos pactados que conllevan a nulas y demenciales acciones que siguen provocando barreras de incertidumbre.
El desajuste de disponibilidad de recursos, así como el estresante endeudamiento, tanto a nivel gubernamental como municipal, es objeto de preocupación; así se evidencia en las calificadoras de riesgo internacional al fijar el riesgo de inversión. Urgen liderazgos éticos y no basados en amenazas incitando a la violencia, etc. Por consiguiente, se requiere que sean capaces de sobrellevar la crisis actual y cuya determinación sea enfocada en neutralizar la corrupción y no pactar con ella.
Hoy día, la corrupción institucionalizada ha generado diferentes efectos, tales como un fracasado sistema de educación que de la mano del sistema de salud pública que prácticamente es un caso desahuciado. ¿Qué puede esperar un país cuya sociedad no tome riendas de su destino? El hampa corrompe toda sociedad si ésta se deja condicionar, extorsionar y vender ante esos desequilibrios incitados por funcionarios y/o servidores públicos carentes de honestidad. Bien dijo Horacio: “Si el vaso no está limpio, lo
que en él derrames se corromperá”.