Al respecto, si bien la intención es noble, es importante destacar que tal idea es de naturaleza autoritaria, pues parte del principio de la intimidación para obligar a los dueños de dichas propiedades a darles un uso que voluntariamente no le darían. Se distingue de otras formas de amenaza convencional, en el estricto sentido de que se esconde bajo la cortina de la legalidad para alcanzar su fin. No obstante, como cualquier otra propuesta similar, violenta la autonomía que tienen las personas sobre sí mimas y sus pertenencias.
Para quienes están a favor de la iniciativa quizás es risible escuchar este tipo de argumentos, pero para quienes creemos en el respeto a la propiedad privada y el derecho de los demás a decidir libremente qué hacer con ella, hablar de coaccionar a otros para que la ocupen o vendan en nombre de la “productividad”, es un tema muy peligroso. Al poner en riesgo la certeza de derecho sobre la misma –cosa que el impuesto en discusión necesariamente debe de hacer para ser efectivo, porque de lo contrario no provocará el “incentivo” deseado– se abren las puertas para que en un futuro personas inescrupulosas utilicen argumentos similares para promover el trabajo servil o para apropiarse de las pertenencias de otros.
Desde un punto de vista económico es fácil entender por qué este tipo de iniciativas no son apropiadas para la generación de riqueza. Allá donde las reglas para producir no respetan el orden económico libre y los pilares sobre los cuales descansa, es poco probable que las personas tomen decisiones económicamente eficientes. En el presente caso, con el objetivo de evadir las nefastas consecuencias del impuesto, algunos de los propietarios se verían obligados a recurrir a sus ahorros para poner en marcha proyectos que de otra manera no hubieran iniciado, ya sea por el riesgo económico que representan o porque tenían pensado utilizarlo para cubrir otro tipo de necesidades más urgentes. Por otra parte, un segundo grupo de propietarios menos afortunados, es decir, los que no poseen ahorros, forzosamente tendrían que acudir a prestamistas, quienes dadas las circunstancias les ofrecerían créditos poco favorables. Y por último, aquellos que por algún motivo no puedan apoyarse en ninguna de las alternativas previas, no tendrían otra opción más que vender sus inmuebles, los cuales, dependiendo de la distorsión provocada por el impuesto, pudieran llegar a perder parte de su valor.
La clave para la reactivación del Centro Histórico, nos guste o no, depende bastante del deseo de empresarios honestos y valientes a invertir en dicho lugar. Por lo tanto, una mejor y menos peligrosa alternativa, sería declarar dicha área en una especie de Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) en donde el comercio se vea facilitado a través de rebajas fiscales, la simplificación de trámites, mayor flexibilidad laboral y otro tipo de estímulos afines que ayuden a despertar el espíritu emprendedor de capitalistas nacionales y extranjeros.