Dicho instrumento internacional, busca hacer visible un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia del trabajo y que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres: el acoso y la violencia en las relaciones laborales, marcadas estas como toda dinámica en sociedad, por relaciones de poder que dependen del género y de la relación de dependencia de trabajadores, empleadores, clientes o capacitadores que en muchos casos abusan de su poder y de la confianza que se les ha conferido en los centros de trabajo.
Esta posición internacional del gobierno, en uno de los foros mundiales más antiguos que existen, deja en entredicho el compromiso de las autoridades con la garantía y evolución progresiva de los derechos laborales, ya que la violencia y el acoso ha sido uno de los principales motivos de protestas ciudadanas en todo el mundo, lo que vuelve urgente la adopción de medidas en el derecho interno que permitan proteger las relaciones de trabajo, sobre la base de la dignidad y el respeto entre empleados y empleadores. Además, no puede obviarse que los derechos laborales también son derechos humanos.
A la omisión gubernamental durante la conferencia organizada por la OIT, se suma el rechazo al mismo Convenio 190 por parte de las cámaras empresariales de Centroamérica. Como lo informó este periódico, representantes de la “Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana” (por sus siglas, la FEDEPRICAP), declararon durante su última sesión en ciudad de Guatemala: emprender “una acción conjunta” para que los Gobiernos de la región se abstengan de ratificar dicho Convenio, para “no perjudicar la generación de empleo…”.
En El Salvador, la vocería de esta Federación, a cargo de la “Asociación Nacional de la Empresa Privada” (ANEP) se encargó de hacer circular y defender públicamente dicho posicionamiento.
¿Pero de que empleos se está hablando? De acuerdo con datos obtenidos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hace apenas dos años, durante el período comprendido entre los años 2015 y 2017, el número de denuncias por restricciones a licencias por maternidad, ocurridas en los centros de trabajo estatales, fue de apenas un caso. Durante el mismo período, pero en centros de trabajo privados, se recibió una denuncia en el 2015, 163 quejas el año 2016 y 115 denuncias en el 2017.
En cuanto a las denuncias por restricción al derecho a la lactancia, la proporción anterior se mantuvo: un solo caso en los centros de trabajo público contra 325 en los centros de trabajo privados. Dato este último que sorprende, dado el especial interés que a nivel de discurso público, mantiene el Director Ejecutivo de la ANEP en lo que a la vida de los niños se refiere.
En el único rubro que parece existir un lamentable equilibrio entre los centros de trabajo públicos y privados es en el del acoso. Los datos de aquellos años reportan 53 denuncias en el sector público y 48 en el sector privado. Sin embargo, debe considerarse que la gran mayoría de víctimas de acoso se niegan a denunciar ante las instituciones públicas, debido a las practicas que re victimizan a estas o que las exponen a represalias, situaciones todas que el Convenio 190 pretende erradicar.
De todo lo anterior es fácil concluir que se está negando la existencia de un grave problema en nuestra sociedad y en particular en muchos centros de trabajo de la empresa privada. El acoso y la violencia de género ocurren todos los días, no solo obstaculizan las posibilidades de crecimiento profesional de las mujeres, sino que a la vez, priva a la economía del país de un aporte valioso y profesional que precisamente son las mujeres las que más puedan aportar. El Convenio 190 también llama la atención sobre el trabajo doméstico, vulnerable y sometido aun a prácticas feudales inaceptables en una sociedad moderna.
Los representantes del sector privado deberían saber que no es posible acudir a las instancias de la OIT para defender el Convenio 144 -como hicieron hace pocos años- en defensa de su representatividad en los organismos tripartitos, y venir ahora a anunciar públicamente que se rechaza otro Convenio que beneficia principalmente a las mujeres en su vida laboral. Trabajadores y empleadores se necesitan mutuamente y el “diálogo social” que propone este Convenio de la OIT, sigue siendo la mejor alternativa a un discurso insensible y contradictorio.