La crisis generada por la pandemia del COVID-19 y otros fenómenos naturales como las tormentas Amanda y Cristóbal, acrecentaron la crisis y han llevado al país a niveles de endeudamiento insospechados a tal punto que las proyecciones de organismos expertos nos ubican como el país centroamericano que tendrá el menor crecimiento económico y por ende como el país con más crisis en la micro y macro economía. Con ese panorama el pago del FODES se ha visto atrasado como nunca porque se han priorizado otros rubros elementales, pero también algunos no tan elementales como la publicidad y el inflamiento del aparato estatal.
Se aprobó el incremento del FODES manteniendo los criterios ya determinados por la ley, es decir a cada municipio se le distribuye con base a los parámetros de población (50%), equidad (25%), pobreza (20%) y extensión territorial (5%), sin tomar en cuenta la efectividad y transparencia administrativa en el uso de los fondos que pagamos los salvadoreños con nuestros impuestos. Cuando se aprobó el incremento ni siquiera se les ocurrió revisar los parámetros. Hay municipios con menos de 2 mil habitantes que en el rubro de la equidad reciben la misma cantidad que municipios de más de 150 mil pobladores.
Otros municipios hacen un uso despilfarrador de los fondos. Pese a que del total de dinero que reciben mensualmente solo el 25% por ciento puede ser usado para gastos administrativos que incluye el pago de salarios. Se han encontrado decenas de casos de corrupción dentro de las alcaldías y a los diputados que aprobaron el incremento ni siquiera se les ocurrió crear un organismo contralor especializado para auditar el uso correcto de esos fondos. La controlaría de esos fondos corre a cargo de la Corte de Cuentas de la República, un organismo que prioriza criterios políticos y partidarios.
De todos modos el 10% del presupuesto general de la nación para las 262 alcaldías es ley y como tal, con sus defectos y lo impertinente que es, el Gobierno Central debe cumplir, de lo contrario viola la legalidad y por ende los responsables deben ser sometidos a la ley. El Gobierno debe entregar el dinero del FODES a las alcaldías, los que hasta ahora suman cinco meses de deuda.
Hay administraciones edilicias nefastas que hacen feria con el dinero del FODES, pero también hay algunas que tienen ese dinero como casi su única forma de subsistencia y por ello están quebradas. Cientos de obras de desarrollo local han quedado paralizadas por el impago, las compañías distribuidoras ya les recortaron servicios esenciales como agua y electricidad. Urge que el gobierno cumpla con lo que les debe a las alcaldías. La ocasión debería se propicia para crear reformas en torno al FODES, por ejemplo crear un organismo especializado contralor; evaluar los parámetros definidos para la entrega del dinero; explicitar que esos fondos no deben servir para gastos superfluos (como publicidad, festividades, logística interna, viáticos a concejales y otros); definir con claridad la procedencia de los fondos; y crear una normativa que contemple duras sanciones penales para quienes malversen esos fondos.
Actualmente las alcaldías han dejado de pagar a sus proveedores y seguramente algunos salarios, han descontinuado proyectos locales y están cayendo en mora. Recordemos que muchas comunas atenidas al FODES han endeudado su administración. Cuando Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y después de San Salvador cayó en la tentación de endeudar las finanzas de la comuna y entonces, como los actuales alcaldes, exigía el pago del FODES.
Este Gobierno tiene la obligación de pagar el FODES, so pena de caer en delito si no lo hace; los alcaldes y concejos tienen la obligación de hacer un uso responsable de ese dinero para no ser enjuiciados; y los políticos están obligados a reformar el FODES que se paga con nuestros impuestos.