Hay tres cosas destructivas en la vida: La ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. De ahí que, somos testigos como el “Ego”, ese parásito ha tomado el control en la sociedad, instituciones y gobernantes de lo que piensan, creen, sienten y de lo que hacen. Sumado a ello, proceden en el diario vivir como si el lujo, el afán desmedido por el dinero y el urgente deseo por ser reconocidos son lo más importantes en la vida, cuando lo único que necesitamos para ser realmente felices es trabajar y servir transparentemente, sin esperar ser adulados.

De manera especial se nota en quienes están en la gestión pública, que en su actuar ilícito se describen así mismo en las recientes revelaciones a la opinión pública en los diferentes hallazgos entre los que cuentan no uno ni dos, sino múltiples actos de corrupción que exhiben lo que ha sumido a este país, administración tras administración: la impunidad en la que algunos personajes señalados ya han traspasado la frontera salvadoreña.

Como virus letal, la impunidad implica que el Estado es corresponsable de ésta ya que es parte de la violencia como acción negativa que destruye tanto la vida de una nación y sus ciudadanos en la medida que no cumple, evade y hace uso de los recursos al no querer investigar y castigar crímenes de corrupción.

¿Que más evidencia de este mal actuar que la posición asumida por el oficialismo al expresar que son campañas y difamaciones a personajes señalados por el poder judicial representado en la Fiscalía general? Acá no se debe tratar de proteger a nadie, independientemente su ideología política y/o compromiso; el punto es cómo la impunidad se debe y tiene que enfrentar. Una completa incongruencia estatal, ya que mientras diferentes países hermanos y organizaciones de la sociedad civil exigen un ataque frontal a la corrupción, la administración de turno permanece apática.

Más que buenos deseos y sonrisas el Fiscal General necesita apoyo práctico, de ahí que “el hierro se afila con hierro”: recurso técnico-financiero, los cuales hay, que se pierden en otras cosas eso es otro punto. Urge trabajar por la construcción de una estrategia nacional para someter a las diferentes prácticas corruptas. Así, pues quienes están obligados como agentes públicos: Jueces, magistrados, secretarios, colaboradores jurídicos, etc. en cumplir su mandato de manera especial al que han jurado no puedan corromperse.

Para que un poder del Estado sea ético, quienes laboran en conjunto deben actuar basados en el buen juicio, fortaleza, equipo y sigilo profesional. Porque resulta trágico ver las recientes resoluciones que lanzan al traste el esfuerzo de la Fiscalía General solo por temor a repercusiones personales (quizás). En este sentido: ¿Es así, como actuarán los tribunales ante funcionarios actuales investigados por Probidad y exmandatarios, ministros, etc., cuya ostentación cínica y bulliciosa de sus riquezas (mal habidas quizás) solo han producido desgracia y miseria al país?

Pregunto yo: ¿Dónde está la Comunidad Jurídica, asociaciones de profesionales, estudiantes y facultades de derecho de las universidades ante estas pifias jurídicas?, la indiferencia vuelve más fuerte la impunidad, ahorcando aún más la justicia, porque quien pierde es el país. ¿Acaso olvidan que seguridad y orden constitucional son indispensables en un país que aspire a un sólido desarrollo humano? En una administración judicial ésta debe ser su razón al operar. Porque vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada quien lo que le corresponde, son principios en los que se basa el justo derecho. Bien dijo Mario Moreno (Cantinflas): “Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo”….