En esta dinámica preelectoral, la clase política, en especial el Ejecutivo, ha demostrado su maestría para manipular la agenda pública, “viralizando” discusiones superfluas y desviándola la atención de los aspectos verdaderamente importantes para la vida del país. Y como ciudadanía hemos caído en esa trampa.
Un ejemplo reciente de ello es que, la semana pasada, mientras las redes sociales se inundaban de memes y discusiones estériles sobre la estética del Monumento a la Reconciliación, la Asamblea Legislativa por solicitud del Gobierno del presidente Bukele, aprobó cambios a la Ley de Presupuesto 2020, parece que al final el Ejecutivo y el Legislativo sí pueden alcanzar acuerdos. El propósito de la modificación presupuestaria era fortalecer los recursos de los que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) dispone para el pago de salarios de su personal, algo necesario, pero lo que levanta señales de alarma es la forma de financiar ese cambio. En países como el nuestro asignar más recursos a una institución usualmente implica quitar recursos a otra, algo que pone en evidencia no solo la insuficiencia de nuestros presupuestos públicos, sino también las prioridades dentro del mismo.
Por eso resulta alarmante que la principal reducción, USD 9.1 millones, haya sido al presupuesto de educación, que con esto acumularía un recorte de USD 17.1 millones, tan solo en lo que va de la crisis. Pareciera que nuevamente a la hora de ajustar cuentas el gasto social es el primer sacrificado. Reducir las inversiones públicas en educación debería ser la última de las alternativas, en especial al considerar que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes salvadoreños está fuera de la escuela y que, hoy más que nunca, es necesario fortalecer nuestras instituciones educativas públicas para que, durante y después de la cuarentena, el Estado sea capaz de garantizar el derecho a la educación.
Además, hace apenas unos días una tormenta tropical afectó el territorio nacional, provocando inundaciones, estragos materiales y pérdida de vidas humanas, poniendo en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad ambiental de nuestro país. Aun así, las inversiones para la protección del ambiente natural y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental siguen sin ser prioritarias. Es así que otro de los recortes realizados fue al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con una reducción del 10% (USD 1.4 millones) en su presupuesto. Algo que resulta más preocupante al recordar que dicha institución es de las que menos recursos tenía asignados en el presupuesto del Gobierno Central y al considerar que la reducción se concentró en los montos destinados a la prevención y reducción de riesgos a nivel nacional y a la gestión de áreas naturales protegidas, dos elementos claves para reducir la vulnerabilidad ambiental en nuestro país.
Y mientras se aplican estos recortes, no se han modificado las asignaciones para viajes y viáticos de funcionarios o los recursos para pagar seguros privados para empleados públicos; tampoco se han reducido los presupuestos de entidades con duplicidad de funciones como las Secretarías de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia; ni se han recortado las asignaciones de gastos de publicidad de las diferentes instituciones, parece que la prioridad clara es que las luces, cámaras y spots no falten.
Mientras como ciudadanía sigamos cayendo en este juego preelectoral difícilmente se lograrán solucionar los problemas de nuestro país. En lugar de pelear por qué partido o funcionario es más o menos corrupto, deberíamos empezar a recordarle a todos, incluyendo a aquellos que por el momento solo son aspirantes a candidatos, que la función pública no es un concurso de popularidad o “viralidad” en redes sociales, sino la responsabilidad y compromiso de implementar políticas públicas que garanticen derechos y que las buenas intenciones y promesas electorales solo son hechos hasta que se ven reflejadas en el presupuesto público. Y aprovechando esto deberíamos preguntar por el presupuesto para el próximo año, que ya está siendo formulado: ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Seguirán los recortes a educación y medio ambiente? ¿Se incluirán recursos para dignificar a nuestro personal de salud? ¿Cómo se va a financiar?