La gobernabilidad consiste en la capacidad del nuevo gobierno para hilvanar el conjunto de cosas que atañen al Estado, independientemente de que sean divergentes entre sí. Esto implica lograr la armonía de gestión con los diferentes actores del quehacer nacional. No se trata de un gobierno repartidor de cuotas de poder, sino de uno que reconozca los fines y propósitos orientados al bien común, según lo conciben las partes con el fin de mantener el sistema político y de sus instituciones para garantizar la cohesión social. Es preciso conjugar los intereses de los sectores a nivel no sólo políticos, sociales y económicos, sino también ideológicos.
La gobernabilidad implica una capacidad idónea, del gobernante, para crear las condiciones que permitan una sana administración de la cosa pública. Tales condiciones significan aprovechar las estructuras del Estado que contienen las reglas del juego para que faciliten a los actores el ejercicio del poder político y asimismo que los ciudadanos puedan articularse al proceso.
La gobernabilidad debe tener como punto central implementar la satisfacción de las demandas primarias del pueblo, ofrecida durante la reciente campaña.
Es deber del futuro gobernante escoger a los servidores públicos entre personas capaces y, sobre todo, con la inteligencia emocional y preparación académica que les permitan ejercer sus funciones. No es posible poner al frente de plazas importantes, a personas que irán a aprender cómo se ejerce el poder, no se trata de que los nuevos funcionarios representen cambios generacionales, sino de designar a aquellos que cumplan con los perfiles de cada puesto de trabajo. De igual manera el nuevo mandatario debe ser garante del respeto que se debe a la voluntad soberana popular plasmada en la Constitución de la República, sobre todo en lo relativo a las cláusulas pétreas de la alternabilidad en la presidencia, del sistema y del régimen político vigentes.
Los funcionarios deben trabajar de acuerdo a los intereses nacionales y los procesos que definen una serie de reglas y parámetros que hacen posible la consecución de los objetivos, del plan de gobierno.
El ejercicio del poder político es altamente complejo. La sinergia del poder, es siempre indescifrable, y sus efectos no tienen límites inmediatos. Las probabilidades de cambio se ven delimitadas por la relación entre el poder y el contrapoder por lo que se requiere de un gobierno unificado en un Estado integrador y articulador para alcanzar el bien común.
El poder no puede ubicarse, está en todas partes, constituyendo micropoderes que se relacionan entre sí, y funciona de forma circular, se va moviendo; tampoco puede el poder acumularse en un lugar específico, ni puede ser apropiado por persona alguna, puesto que el poder, solo se ejerce como discurso, no se puede transmitir ni transferir.
El nuevo gobierno debe tener presente que en el ejercicio del poder se producen situaciones diferentes y heterogéneas. La que impone las reglas es la autoridad, no es el poder, en sí, sino que es el poder investido de legalidad, y se practica a través del mando. Pero de igual manera siempre será contestatario, como poder formal, ante el poder real representado por las fuerzas activas de la sociedad.
El pueblo debe ser el primer beneficiado por la gestión de gobierno, ya que éste, por delegación soberana, lo ungió como gobernante. Este proceso demanda que sus instituciones estén dirigidas por funcionarios conscientes de su responsabilidad política frente a las demandas de la ciudadanía.
Son éstas, entre otras, las reflexiones que debe hacerse el futuro gobierno, ahora mismo, desde que comienza el proceso de traspaso de mando político.