Una vigorosa y amplia red de organizaciones políticamente diversas con mucho compromiso, justas reivindicaciones de las mujeres, tenacidad y sacrificio han ido ganando un mayor espacio desde la brecha abierta con la suscripción de los Acuerdos de Paz. Hoy con el aplastante triunfo electoral de Bukele las mujeres tendrán una menor representación cualitativa y cuantitativa en cargos de elección. Es grave el retroceso de Bukele desmantelando programas sociales, sobre todo aquellos que apalancaban las reivindicaciones feministas: abandono del programa Ciudad Mujer hasta volverlo irrelevante, desmantelamiento de los ECOS Equipos Comunitarios de Salud, incremento de la mortalidad materno infantil que de situarse en un 28%, hoy retrocede a un 55%; desmantelamiento del programa de alfabetización orientado principalmente a las mujeres que sufren mayor marginación, así como el abandono del programa de agricultura familiar, puntal del sostenimiento de Mujeres cabezas de familia. El desmontaje de trece programas sociales ya impacta la multiplicación de la pobreza que después de haberse reducido a un 28% hoy se ha disparado a un 40%.
En esta conmemoración, además de ausencia de políticas de Estado en materia de género, hay pérdida del liderazgo del ISDEMU, injustificable ascenso de feminicidios, creciente violencia intrafamiliar ante la inerte acción institucional. Arteros ataques de jaurías mediáticas -desde impunes redes sociales vinculadas al régimen- en contra de mujeres periodistas, lideresas de la contraloría social, Derechos Humanos y de partidos de oposición, han incrementado, así como los casos de violencia política contra mujeres en los que resultan directamente involucrados personeros vinculados y protegidos por el régimen de Bukele.
Esta amplia movilización de mujeres y de otros colectivos comprometidos centró la atención reivindicativa en temas muy sensibles como: la crisis ambiental por los graves efectos del cambio climático, urgencia de una Ley General de Aguas que contribuya a resolver la cobertura y calidad del agua como derecho humano; la generación de contraloría y contrapesos sociales para enfrentar el grave retroceso democrático del país por prácticas dictatoriales y la excesiva concentración de poder; la creciente impunidad de feminicidios, así como la criminalización y penalización del aborto y delitos de violencia sexual; sin obviar el acoso, ataques, ciberviolencia a lideresas sociales, periodistas y defensoras de Derechos Humanos.
El contexto económico y social de esta conmemoración está situado en el misterioso contubernio desesperadamente buscado por Bukele y el Ministro de Hacienda de un oscuro pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sustentado en el homínido poder de Bukele sobre su dócil bancada legislativa de “aprieta botones”. Cierne sobre El Salvador un lesivo acuerdo a espaldas de la sociedad, sin dar a conocer políticas, estrategias o plan fiscal alguno, al menos de mediano plazo, que demuestre fortalecer las finanzas públicas. Intentan un ajuste fiscal atropellado para corregir el exorbitante déficit que ronda el 12%, buscan una salida emergente ante el grave descalabro financiero al que llevaron al Estado por mala administración financiera, dolosa falta de planificación, presuntos casos de despilfarro y corrupción que elevaron la deuda pública al exorbitante 90% en relación al PIB, pagando tasas de interés de hasta 9,5% nunca antes vistas. Todo sin haber rendido cuentas y sin permitir el acceso a la información sobre miles de millones de dólares gastados.
Aun sin resolver el control sobre la pandemia mediante una inmediata y masiva vacunación, con una raquítica y anémica economía en cuidados intensivos; miles de micro, pequeñas y medianas empresas cerradas o en quiebra, más de un centenar de miles de empleos formales perdidos, Bukele busca imponer un “paquetazo de impuestos” que entre sus variantes incluye: contraer más deuda pública, subir el IVA, un impuesto más a la gasolina y diésel, sacar dinero de las pensiones con la reforma, un impuesto a todo el sector informal, factura electrónica para exprimir a todas las ramas de ejercicio profesional, impuesto a la propiedad, recortar los pocos programas sociales, y despido a empleados públicos. Solo es cuestión de “apretar el botón”.