Todo ciudadano es igual ante la justicia independiente su nivel económico, social y político. Por ello, respetar el poder jurídico es necesario para una sana convivencia y tolerancia social, pero hoy quienes gobiernan cómo pueden escuchar a la sociedad si no le bajan el volumen a su prepotencia, la cual afecta de forma directa con acciones abusivas, inconsultas e ilegales que su proceder daña la vida de los ciudadanos.
El factor previsional es, ante todo, una ecuación que implica una política de Estado hacia toda una generación basada en el consenso y la sostenibilidad y no vista como un botín al estilo de un grupo de bandoleros como se percibe hoy. Pretender negar el hecho que todo sistema de pensiones tiene como objetivo proteger las aportaciones, tanto del trabajador y patrono, ante las diferentes contingencias y situaciones que ocurren en la vida diaria, es ir contrasentido de la racionalidad y es precisamente ese objetivo el que la Honorable Sala de Lo Constitucional ha hecho: velar por los trabajadores activos y ya retirados.
Como máximo tribunal, la resolución emitida reafirma su rol como parte institucional para la protección de los derechos establecidos en la Constitución. En este sentido, recuerden que existe una directa relación entre la solidez, independencia del poder judicial como la presente Sala y la calidad de democracia que se necesita en su ético desempeño.
Evadir, desconocer y hasta amenazar haciendo uso de los recursos estatales (cadena de televisión y radio) es pretender gobernar al peor estilo de los dictadores. La diferencia entre una democracia y una dictadura, consiste en que la primera se rige por la transparencia, garantizando con ello seguridad jurídica (determinante para un clima de inversión), no así la dictadura que se arrastra en la impunidad-corrupción, propiciando un germen patógeno enfermando el orden institucional nacional e internacional, un ejemplo es la desahuciada Venezuela.
Por ello el conocimiento de la historia (reciente) nos provee argumentos para afirmar que la única y errada intención actual es llevarnos a un estado similar al expresado. Y es que precisamente años atrás el instituto político que administra las diferentes instituciones: firmó, apoyó y defendió un “protocolo” que su finalidad es darle continuismo al guión torcido cuyo desenlace ha sido tan catastrófico que nación que lo ha adoptado lo ha llevado al fracaso total: Lula en Brasil, referente de la izquierda local, entre otros.
El país no está para experimentos, no se puede correr el riesgo de verse desprovisto de protección jurídica que es indispensable para generar y sostener en el tiempo confianza en un mundo en el que las crisis se mueven según la certeza que poseen las naciones.
Los retos sociales como el narcotráfico, la violencia de las pandillas que afectan a los salvadoreños no pueden enfrentarse con dosis de ira y corrupción. Por el contrario, éste y otros males ven en escenarios como el nuestro tierra fértil para su posicionamiento. Desconocer las leyes y observaciones que realizan países como Estadod Unidos, como principal cooperante, es pisotear el sentido común de la justicia.
La transparencia es una condición idónea para mantener el entorno libre de gérmenes políticos. Elaborar un presupuesto, acorde a la realidad fiscal, es oxigenar la hacienda estatal. Insistir con matonerías, de forma masiva y sistemática, aumentará el tensionamiento social.
Las variables económicas pueden agravarse si no se abordan seriamente por todos. ¿Al régimen le preocupa eso?... Lo único que le interesa es el estatus quo, los negocios hechos desde el Estado. Por cierto, aún no se sabe cómo pagarán la multimillonaria deuda que tienen con ALBA, de más de mil millones de dólares. ¿O para eso quieren los ahorros del pueblo?
“Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra; cuando los impíos gobiernan el pueblo gime”. Proverbios 29:2