El momento actual que es un limbo, crea una transición incierta con una definición oscilante entre autoritarismo y democracia y avanzar en ésta dependerá de un nuevo esfuerzo nacional que tenga como protagonista a la ciudadanía, especialmente la organizada.
Debemos reconocer, dentro de nuestra insatisfacción actual que hay una labor realizada importante, en la capacitación de operadores, en el debate y divulgación, en la reforma curricular de las escuelas de Derecho y judicial, en la selección de jueces, etc. Pero no podemos afirmar que la administración de justicia, en el 2019, es eficaz, independiente, accesible, pronta, imparcial y equitativa. Está bloqueada por fenómenos estructurales como la corrupción y el tráfico de influencias.
Debemos desmontar esas lacras y hacer que el ciudadano crea en la ley como el mejor instrumento de paz social. Solo se logrará a través del ejemplo práctico de funcionarios judiciales probos, responsables y capaces; igual que con el establecimiento de procesos expeditos y eficaces que construyan un mejor país, para que día a día seamos capaces de enorgullecernos del servicio de la justicia.
Debemos caminar hacia un plan nacional que consolide lo que ya reformamos y reforme las áreas que inciden en garantizar el funcionamiento del Estado Constitucional. Necesitamos cultura de apoyo a la ley, a una ley constitucionalizada, que proteja a la sociedad.
Es necesario crear una visión crítica del proceso. Se necesita una capacidad evolutiva, que la actual estructura del litigio permite adquirir. Hablamos de un nuevo sistema cultural: el sistema judicial. Como tal exige una recomposición constante en la búsqueda del Estado Constitucional.
El punto de partida está en aprender a construir desde las diferencias.
La esperanza estuvo presente el 3 de febrero, en cualquiera de sus manifestaciones elocuentes: en el voto, en la abstención, en la anulación y en el voto en contra. Es una esperanza plañidera pero con el coraje que nace de la necesidad social e individual. Más aún, de la sobrevivencia de muchos.
La esperanza obliga a los políticos. Ellos están en primera línea de responsabilidad.
Sabemos que el nuevo Presidente debe presentar dos planes: el de Gobierno y uno inclusivo, amplio, en el que debemos estar todos, que es el de nación.
¿ Renace la esperanza ?
Es legítimo y válido tener esperanza.
En nuestra post-guerra los dos últimos gobernantes actuaron como si nada pasara. Sus gobiernos incompetentes redujeron los índices de crecimiento económico y elevaron los de pobreza y generó la diáspora que nutre nuestra economía huyendo de la realidad social.
El Derecho es factor de desarrollo. Sólo con él y las reglas claras que dan la seguridad jurídica podemos atraer inversiones; tengamos siempre presente: sin justicia no hay democracia y sin Derecho no hay paz social, anhelo del salvadoreño; una paz fecunda y productiva, en la que reinen la justicia, el orden y la libertad. Acerquemos el ideal de la democracia y la justicia. Difícil reto pero no hay otro camino.