Para evitar los episodios del pasado, donde ciertos magistrados cometieron la desfachatez de entregar finiquitos a expresidentes que recién salían del cargo. Pero la gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones que en su momento dio el exmagistrado presidente, Rosalío Tochez, quien aseguro que el finiquito lo había otorgado, porque Mauricio Funes “no manejó fondos públicos”, pese que, durante el quinquenio, recibió más de 600 millones de dólares en fondos reservados, de los cuales se manejan de forma arbitraria y discrecional por el mandatario.
De manera que la Asamblea Legislativa, tiene una gran responsabilidad en esta elección, sobre todo porque tiene una imagen muy desgastada en procesos de selección de funcionarios de segundo grado en el pasado. En le actualidad con una agravante adicional, en la que el presidente Bukele, se ha encargado de sepultar algún resabio de buena voluntad que le haya quedado a la Asamblea, sin embargo, hoy es el momento de demostrar que las cosas las harán diferente eligiendo a personas comprometidos en combatir la corrupción.
Personas que tengan la valentía de transformar la contraloría en El Salvador, y convertir a la Corte de Cuentas en una verdadera institución que cierre la brecha de los abusos de los recursos públicos y que persiga enérgicamente con auditorias eficaces a funcionarios de todo nivel, que por cierto algunos de ellos llevan décadas enquistado en el aparato del Estado, que parecen sepulcros blanqueados e intocables, los futuros magistrados deben luchar porque los casos no prescriban.
Ya que la prescripción ha sido una contante dentro del seno de la Corte de Cuentas, donde aquellos casos que contiene hallazgos millonarios sin justificar, por alguna extraña razón entran dormir al sueño de los justos. De modo que este será el otro reto que deberán afrontar los nuevos magistrados, limpiar a la Corte de Cuentas de los malos elementos que han tenido secuestrada a la institución, es decir quitar de raíz el cáncer que ha carcomido la imagen de la contraloría, donde ciertos auditores se han dejado seducir por unos cuantos miles de dólares.
Por otra parte, los magistrados que saldrán electos, deberán proponer reformas a la Ley de la Corte de Cuentas y a la Constitución, para fortalecer la independencia y cerrar los espacios a la corrupción, para perseguir tanto al que corrompe el sistema como el que se deja corromper, proporcionando las herramientas jurídicas para que la Corte de Cuentas, tenga la potestad de trasladar el caso al juzgado de paz, sin pasar por la Fiscalía, a fin de procesar a todo funcionario pícaro que quiera lucrarse de los recursos del pueblo, como está ocurriendo en la administración Bukele.
Donde, ministros, viceministros y presidentes de instituciones, le han vendido insumos en el marco de la pandemia al Gobierno Central, lo cual por Constitución está prohibido, porque ningún funcionario puede ser contratista o concesionario del Estado, no obstante, pese que el presidente Bukele, advirtió cuando andaba en campaña que su gobierno no iba a permitir la corrupción, ha sido todo lo contrario en sus narices el presidente del FONAES, vendió al MILSAL, mascarillas sobrevaloradas, igual ocurre con el viceministro de inversión del Ministerio de Hacienda, donde dos de sus empleados vendieron insumos.
También está la venta descarada y sobrevalorada de gabachones y mascarillas a una empresa española Javi Performance, por un valor aproximado de 12 millones de dólares, que, dicho sea de paso, es una empresa que apenas factura 300 mil euros año, y que tiene siete años de no rendir cuentas, pero la fresa del pastel, es la venta de botas que la familia Montoya Quiñonez hicieron al Minsal, supuestos parientes del Ministro de Salud. A esto se le suma las irregularidades del CIFCO, la entrega de los $300 con criterios desconocidos.
Una buena parte de esta información lo supimos por la valentía que han tenido los Magistrados actuales de la Corte de Cuentas, que no les ha temblado la mano para denuncias las irregularidades de la Administración Bukele.