Un juzgador debe considerar quién tiene la razón, quién debe ir a prisión y quién queda libre; en los países donde existe la pena de muerte, también deciden quién vive y quién muere. Si la resolución del caso es la correcta, será justa y, en una sociedad que comprende los alcances, límites y objetivos de la judicatura, esta ayudará a mantener la paz social, evitando que los ciudadanos se tomen la justicia en sus propias manos. Yo admiro a muchos jueces y juezas. Algunos son las personas más inteligentes, estudiosas e íntegras que conozco y dignifican la profesión.
Lamentablemente no todos los funcionarios judiciales son buenos jueces ni buenas personas. Para muestra, basta ver la cantidad y tipo de denuncias que recibe la Corte Suprema de Justicia, por lo que aprovecho para recordar, que urge una depuración judicial.
La administración de justicia implica que, como parte del pacto social, aceptamos que una persona ajena al caso, resuelva los conflictos sociales porque confiamos en su capacidad para actuar de forma independiente e imparcial; sin embargo, en el reciente caso de una periodista que denunció haber sido acosada sexualmente, el comportamiento de la jueza que conoció el proceso, además de indigno y reprochable en función de su investidura, por los comentarios inapropiados, “machistas” y revictimizantes que dirigió a la víctima, también hacen dudar de su capacidad para ejercer el cargo de forma imparcial. Ante la denuncia de la periodista, el lamentablemente ya famoso comentario de la jueza “usted debería estar acostumbrada a esos comentarios”, mostró prejuicios inaceptables hacia los riesgos que –a su juicio– las mujeres periodistas deberían asumir de forma natural y hacia los comportamientos de patanes que deberían aguantar. Esta jueza, en lugar de brindar un espacio seguro e imparcial donde la periodista podía presentar su queja e intentar obtener una sanción para su agresor, hizo lo peor que una funcionaria judicial puede haber hecho en perjuicio de la dignidad de la víctima, ya que agregó humillación, frustración, vergüenza y quién sabe cuánto dolor más a la inaceptable experiencia vivida por la periodista.
Como en muchas otras situaciones que tristemente he podido presenciar, ante denuncias de acoso o agresiones sexuales, las personas que conocen estos casos, en lugar de proteger a la víctima, muchas veces señalan en su comportamiento actitudes que justifiquen o que hayan podido causar el acoso o la agresión.
En el caso de la periodista, la jueza pretendía que la denunciante estuviera acostumbrada a estas oprobiosas actitudes masculinas, debido a su profesión y esto es lo más indigno y reprochable que he escuchado decir a un funcionario judicial en casos relacionados con víctimas mujeres, desde “tocar niñas no es delito, solo es falta”. Ninguna mujer, en ninguna profesión, incluyendo las mismas juezas, en ningún espacio debe aceptar el acoso como algo normal, ni siquiera por lo abrumadoramente frecuente que son estas conductas masculinas, ni por lo insoportablemente elevadas que son las cifras de violencia contra la mujer en nuestro país.
El acoso es violencia, el acoso es delito y las periodistas, quienes además ejercen otra de las profesiones que más respeto y apoyo, lo último que necesitan son jueces y juezas llenos de prejuicios hacia las condiciones que deberían soportar al cumplir con su trabajo Ellas merecen respeto y apoyo y necesitan mecanismos que ayuden a garantizar que lo recibirán, porque aparte de que todas las mujeres merecemos respeto, las periodistas cumplen con una labor de grandísima importancia para la sociedad; pero, además, este caso nos recuerda que los periodistas en general, necesitan con urgencia una ley que los proteja. Esta es una deuda pendiente que no puede esperar más.