Recientemente conocimos a través de un tuit del Dr. Milton Brizuela (@miltonbrizuela) –cirujano, y presidente del Colegio Médico-, sobre el desabastecimiento que sufren los pacientes del Hospital Zacamil; en particular, se refirió a un caso muy conocido por él al haberle practicado una cirugía compleja a una paciente y la carencia que enfrentó de analgésicos, antieméticos y antibióticos postoperatorios adecuados para su tratamiento.
Esta denuncia provocó una virulenta reacción -en la misma plataforma- de la doctora Ana Orellana, ministra de Salud, que replicó que la paciente sí estaba recibiendo dichos medicamentos, ante lo que el doctor Brizuela inmediatamente contraargumentó, aclarando que la aplicación de estos se debía a que la familia los había proveído. El conocimiento de primera mano del médico provocó el inmediato silencio y repliegue de la señora ministra.
Las denuncias por falta de medicamentos son crecientes, sirva como ejemplo también la de pacientes del Hospital Rosales que adolecen de artritis reumatoide y carecen de Metotrexate e Hidroxicloroquina. El llamado de atención ciudadano hacia la cartera de Salud ha provocado el inmediato y mordaz ataque desde redes sociales, conducidas y alentadas desde la oscuridad, que bajo una “jauría digital” pretenden anular y descalificar cualquier denuncia considerada en contra del gobierno.
Este ataque coincide con medidas represivas adoptadas por las autoridades de Salud Pública que giraron memorandos para prohibir declaraciones que aporten información a la población sobre las carencias y deficiencias del sistema, calificando cualquier denuncia como “falta de compromiso y lealtad”, lo que atenta contra la Libertad de Expresión y la democracia que tanto ha costado ir construyendo.
El método de privilegiar las redes sociales como el medio para expresar puntos de vista, denuncias y “órdenes” fue ampliado y popularizado en el país por el presidente Bukele y su movimiento desde la campaña; por lo tanto, si fue bueno para aquel propósito era de esperarse que, habilitado el camino, las reacciones críticas también se encarrilarían a través del mismo canal; por lo tanto, está fuera de lugar la aplicación de reglamentaciones inconstitucionales de mordaza para acallar las deficiencias en la ejecución de políticas públicas.
Existe una creciente preocupación por el retroceso y deterioro de políticas sociales, afirmación hecha en el anuncio presidencial de imponer “medicina amarga”, seguida de: la implementación de medidas que afectan vitales programas como Ciudad Mujer, crecientes quejas por las deficiencias en el abastecimiento del agua potable en zonas populares y abandono del Programa Integrado de Salud, consecuentes temores que se confirman con el cierre y debilitamiento de las instancias gubernamentales impulsoras de esos programas.
Además, hay un grave incremento -hasta agosto- de casos sospechosos de dengue, superan los 14000, mientras el año anterior fueron 3954. Los casos de infantes con microcefalia asociada al zika, entre 2015 y 2018 fueron seis y hasta este mes ya se registran 25. El año anterior las mujeres embarazadas afectadas fueron 44, este año van 72. El zika en la población en general, según datos de Ministerio de Salud-, registra un incremento de 107%. El preocupante ascenso de estas enfermedades creo que obliga a replantearse el manejo de las políticas públicas.
La salud es parte esencial del conjunto de políticas sociales del Estado, está sujeta a los compromisos 2030 de Naciones Unidas para la superación de la pobreza y el desarrollo del país; por lo tanto, sus contenidos deben someterse a un continuo proceso de concertación y acuerdo nacional que les de rumbo y sostenibilidad en el tiempo, evitando parches e improvisaciones que provoquen retrocesos, como los que se observan tan temprano.
Tanto los reiterados anuncios de “revisar los beneficiarios de programas de subsidios”, el desmantelamiento de las secretarias de estado que manejaban estos programas, como la mordaza con la que se pretende frenar el acceso a la información, son señales de retroceso y contradictorias con las ofertas de campaña del presidente Bukele, lamentable.
No obstante, algunos hitos que revelarán el rumbo, énfasis y posibles resultados de las políticas del nuevo gobierno estarán presentes en la evaluación de tendencias de los primeros cien días, así como la presentación del Ministro de Hacienda de la Ley General de Presupuesto 2020.
Sin embargo, la decisión de impulsar una reforma fiscal donde los que tienen más paguen más, tal como fue prometido en campaña y una irrestricta política de transparencia brindando a la ciudadanía toda la información sustentada sobre la ejecución y rumbo de las políticas públicas, parece que serán deudas de la gestión.