Por una parte se encuentran las demandas políticas y por la otra una concesión de las élites en turno. Por tanto, se otorgan derechos a través de pactos negociados, donde se estima su alcance y garantías. Para Robert Dahl esta etapa equivale al trato igualitario por parte del gobierno en la ponderación de preferencias, tales como la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.
Pero por otro lado la democratización consiste en un proceso paralelo o bien en una eventual consecuencia de la liberalización, que implica la adquisición formal y operación de los criterios de la democracia contenidos en definiciones analizadas previamente: La cobertura de la ciudanía política, reducida al derecho de votar y ser votado extendida a la mayoría de los adultos; un sistema de representación donde el voto de cada ciudadano posee el mismo grado de influencia; se encuentran garantizadas las condiciones para ejercer el voto de forma libre y universal; existe una diversidad de opciones entre las cuales se puede elegir y que cada una tenga la posibilidad real de ganar; que la construcción de decisiones se rija por el principio de la mayoría; y finalmente que se garantice legalmente la protección de los derechos civiles y políticos de las minorías.
Pero el criterio de consolidación de la alternancia en el poder político, se da a través de los mecanismos democráticos formales y el mantenimiento de la competitividad del sistema de partidos. Y muchos aceptan que, a pesar de sus inconvenientes, el convencimiento por la mayoría de los actores políticos, que la democracia formal es la única opción de organización del régimen político. Es decir, que los grupos opositores acepten los resultados electorales, no generando crisis de magnitudes tales que los gobiernos de turno carezcan de legitimidad, o aparenten carecer de ella.
Por otra parte, cabe señalar el hecho de que el Estado democrático -en nuestras sociedades-, se diseñó en términos reducidos, adquiriendo una organización específica mínima. Se trata de una forma estatal de pequeñas dimensiones, donde el monopolio legítimo de la coacción física no se encuentra a discusión, y la transición se ubica en un nivel de negociación pacífica de los cuadros administrativos vigentes y la oposición, que sirve para aceptar como criterio de integración a las elecciones. No se trata de eliminar la forma estatal vigente durante la transición, más bien de reformarla, para adquirir los mecanismos formales democráticos.
Enseguida, este paradigma concentra sus esfuerzos en explicar la democratización, o incluso prescribirla a partir de dimensiones claramente asumidas: política, económica y social. Política, tanto la definición de democracia como su proceso de transición -liberalización, democratización y consolidación- se dan en el ámbito exclusivo de la esfera política, es decir, sólo a nivel de régimen político. La estructura institucional del Estado reforma lo requerido para implementar un sistema electoral y de partidos competitivo, representativo, funcional y estable, y con apego a la ley.
Aceptar que cada esfera obedece a lógicas distintas permite justificar y explicar la convivencia entre democracia, pobreza y desigualdad. Pero presenta dificultades, no sólo de orden ético sino también de objetividad teórica. Y es que la negación de las conexiones entre las tres dimensiones apuntadas, que sólo se sustenta desde un componente ideológico, es uno de los elementos más importantes de la crítica al paradigma de la consolidación democrática.