Usualmente “la derecha” salvadoreña ha creído que el mecanismo ideal de distribución de riquezas es incentivar a las empresas para que generen empleos; y la “izquierda” ha optado por distribuir esa riqueza a través del alza de impuestos a dichas empresas.
Puede haber un salvadoreño que señale legítimamente: “No soy de izquierda ni de derecha” pero no dudo que tendrá opinión ante estas preguntas: ¿Qué hacemos para generar empleo?, ¿creamos incentivos fiscales a las empresas o creamos un impuesto a las empresas para dar créditos?, ¿creamos un impuesto para pagar las pensiones mínimas a quienes no pueden hacerlo o esperamos a que la gente tenga empleo para que ahorre lo suficiente y lo invierta?
Independientemente de las respuestas, hay un elemento primordial que nos permite discutir y tener opiniones diferentes en cada uno de estos temas; y frena posibles excesos a quien dirija el poder Ejecutivo: la libertad de expresión, la tolerancia y en definitiva la democracia.
Independientemente de las respuestas, todo Poder Ejecutivo está obligado a cumplir la Constitución de la República y a someterse a la vigilancia no solo de los poderes Judicial y Legislativo, sino también de organismos obligados a fiscalizar las acciones de quien tomará las riendas de este país.
La Constitución de la República, como sabemos todos los salvadoreños, no concentra el poder en el Ejecutivo, lo distribuye.
Por esa razón, la Sala de lo Constitucional pudo prohibirle al Ejecutivo que siguiera desviando ahorros presupuestarios a la llamada partida secreta, que aún existe. Esa distribución constitucional de poder permitió la Corte Suprema de Justicia iniciara juicios por indicios de enriquecimiento ilícito contra expresidentes, un hecho clave para haber encontrado un tradicional desfalco del cual se benefició una red de personas de diferentes colores. Ese modelo de equilibrio de poderes permitió que un Instituto de Acceso a la Información Pública ordenara a la Corte Suprema de Justicia divulgar la información patrimonial de los funcionarios. Otra historia sería si el Ejecutivo hubiera concentrado poder.
Por eso es importante qué tanta calidad democrática ha mostrado cada uno de los nuevos líderes políticos que se nos muestran en estas elecciones. Hay preguntas indispensables: ¿Le permite a la prensa hacer su trabajo?, ¿bloquea con sus agentes de seguridad al periodista que le pregunta o llama a los medios para quejarse de las preguntas?, ¿respeta las resoluciones de las instituciones o las ataca con un grupo de operadores?, ¿maniobra con los diputados de su preferencia para poner funcionarios en los órganos que controlan el Ejecutivo (tratando de desbaratar esta distribución de poder estatal)?
Y más: ¿explica los cuestionamientos que se le hacen –como las últimas publicaciones que no pueden dejar de ser leídas de El Faro y Factum– o los ignora?, ¿explica públicamente los compromisos que negocia con sus aliados o los esconde?, ¿dice cuáles son sus principales financistas y los pone en la contabilidad formal de sus respectivos partidos o maniobra para esconderlos?, ¿cuál fue la reacción de su candidato sobre los cambios impulsados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Sala de lo Constitucional en la sociedad salvadoreña?
Un gobernante puede aumentar el control estatal a los privados o disminuirlo y ablandar las condiciones para que los privados puedan generar empleos. Pero más que por su política económica el éxito de su gobierno a largo plazo estará determinado por la calidad democrática que su aparato y su equipo muestre con sus acciones.