El poder no puede separarse de la sociedad, puesto que emana de ella.
El poder está supeditado a la voluntad soberana del pueblo quien lo delega en la persona de su mandatario y, a través de éste, a sus funcionarios y servidores públicos, que constituyen la llamada burocracia. Esta última, de acuerdo con lo que señalan las leyes, llevará a cabo los distintos planes y ejecutorias del gobierno. Esto significa que si el sector laboral público se resiste a una ley en cuya estructura no ha participado, el nuevo gobierno enfrentaría un complejo y controvertido fenómeno gobernanza.
El ejercicio de los funcionarios y servidores públicos del gobierno central, está regulado actualmente por Ley del Servicio Civil (1961) y Ley de la Garantía de Audiencia (1990). Los empleados municipales están sujetos a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (2006). Otros contingentes estatales se rigen por sus respectivas leyes orgánicas.
¿Qué se debate y por qué se debate? Se debate, o lo que es lo mismo, se analizan las normas vigentes para decidir sobre su idoneidad, su desactualización, modernización adecuación a leyes internacionales y otros. Por tal motivo se han presentado a la Asamblea Legislativa, dos proyectos de ley sobre la Función Pública: una que data de 2014, propuesta por la Organización Gente y Sociedad (GENS) y otra, de 2017, propuesta por la Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno. Por otra parte, la Confederación de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, ha presentado un pliego de reformas a la vigente Ley del Servicio Civil.
En el momento político actual se debate una nueva legislación aplicada a las personas ligadas laboralmente con el Estado, lo cual coincide con la toma de posesión del nuevo gobierno. Para estudiar los contenidos de estos documentos, la UCA, el Centro de Estudios Jurídicos, Fusades, APES, ISD y otras instituciones de la sociedad civil han constituido, una entidad sin fuerza de ley, cuyas recomendaciones y conclusiones no son vinculantes, a la que dan en llamar el Equipo Impulsador de la Reforma a la Función Pública, con evidente ausencia del sector de trabajadores, representados, éstos, por sus sindicatos estatales.
Esta ausencia invalida todo tipo de recomendación emanada de esta agrupación, en el cambio de estructura de la ley vigente o de una nueva legislación en lo que se refiere a la carrera administrativa que reconozca, entre otras, la garantía de permanencia, selección, promoción, régimen disciplinario de los servidores del Estado y otros derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Los propósitos de las entidades de la sociedad civil acerca de la materia legal que conviene para actualizar y modernizar la eficiencia de la administración pública sobre la base del mérito y la aptitud, carecen de legitimidad, si no están presentes los trabajadores. Además se debe tomar en cuenta que dichas agrupaciones han sido constituidas con la participación política del gobierno saliente, del FMLN, por lo que no se sabe si sus miembros serán ratificados por la nueva administración.
Los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea producen incertidumbre en los sindicatos por la posibilidad de despidos masivos y arbitrarios con la asunción del nuevo gobierno.
La Asamblea anuncia la formación de una Comisión para el estudio de todos los aspectos relacionados con las propuestas, para que se genere debate y discusión, toda vez que se cuente con la ineludible participación de los trabajadores. Lo que más preocupa a los trabajadores es la formación de un centro de poder para la aplicación de la ley que no va a ser ajeno a las implicaciones políticas de los nombramientos, ascensos, traslados, despidos lo cual fomentaría el clientelismo político, el nepotismo y el amiguismo.
El nuevo gobierno debe entender que tiene en sus manos un problema estratégico de Estado frente a los grupos de intereses del sector laboral público, para lo cual debe aplicar criterios políticos que no excluyan los principios de igualdad en la toma de decisiones, tal como lo manda la Constitución de la República en el sentido de que el centro de la actividad del Estado es la persona humana.